La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su indignación por la decisión del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) de dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso del juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido contra quien hay un procedimiento de responsabilidad administrativa.
Obrador Garrido es titular de un Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Colima. En un pronunciamiento, la Jufed advirtió que un procedimiento de responsabilidad administrativa podría trasladarse al ámbito penal.
Además, la asociación indicó que llevar a esa instancia diferencias relacionadas con criterios jurisdiccionales constituye una forma de persecución institucional contra integrantes de la carrera judicial.
La Jufed mencionó que la intervención de la FGR representa un mensaje intimidatorio para las personas juzgadoras y cuestionó la imparcialidad del órgano disciplinario.
La organización señaló que Sigales Obrador Garrido permanece suspendido cautelarmente de sus funciones desde hace casi un año, pese a que la normativa establece un plazo máximo de seis meses para este tipo de medidas provisionales.
También cuestionó el origen de la suspensión, al afirmar que fue dictada inicialmente por una Comisión de Investigación que carecía de atribuciones legales para imponerla.
Sheinbaum impulsó investigación
La asociación recordó que la investigación inició a raíz de un pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció públicamente haber enviado una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al órgano disciplinario después de la liberación de una persona imputada.
“Llevar las diferencias de criterio jurisdiccional a ese terreno, representa una clara maniobra de persecución institucional, con toda la maquinaria del Estado, en contra personas juzgadoras de carrera judicial. Este paso hacia la vía penal muestra la pérdida total de neutralidad por parte del órgano disciplinario, enviando un mensaje directo e intimidatorio a quienes ejercen la función de juzgar”, apuntó.
Asimismo, añadió que mantener a un juzgador apartado de su cargo en abierta contravención a la ley no sólo evidencia arbitrariedad, sino que demuestra que el TDJ actúa al margen del Estado de derecho.
"Haciendo un recuento de las irregularidades que han rodeado este caso, se debe recordar que la medida cautelar provisional fue dictada originalmente por una Comisión de Investigación que carecía de atribuciones legales para ello", señaló.
"Además, dicha actuación se consumó inmediatamente después de una petición por escrito de la presidencia de la república, reconocida públicamente por la titular del Ejecutivo federal al admitir el envío de una carta a la Corte y al Tribunal de Disciplina tras la liberación de un imputado, lo que confirma que las decisiones del TDJ responden a instrucciones políticas y no a la legalidad", declaró la Jufed.
La denuncia fue promovida por el Tribunal
La Jufed destacó que la denuncia penal promovida por el propio Tribunal de Disciplina Judicial no se hizo del conocimiento de la defensa del juez de manera oportuna y que fue conocida formalmente cuando sus representantes tuvieron acceso a la acusación.
Asimismo, denunció que las autoridades no han respondido a solicitudes presentadas el 22 de abril y el 6 de octubre de 2026 para obtener las actas y las justificaciones correspondientes a la sesión del 30 de octubre de 2025.
La falta de acceso a esos documentos, abundó limita las posibilidades de la defensa para conocer los fundamentos de las decisiones adoptadas en el procedimiento.
La asociación también señaló que el 22 de septiembre de 2026, mediante el acuerdo AJ/SECCSOJ/UCNSJP/56/2026, se habilitó a un juez de control con residencia en Tepic, Nayarit, para resolver la formulación de imputación en la causa penal 104/2026, iniciada contra Sigales Obrador.
AG
