Una jueza federal programó para el viernes 25 de septiembre una audiencia en la que se analizará si procede dejar en libertad bajo medidas cautelares al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien enfrenta un proceso por presuntamente formar parte de una red delictiva dedicada a la introducción de combustible de manera ilegal a México a través de ferrotanques.
Funcionarios judiciales comentaron que Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrita al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó llevar a cabo la audiencia de control solicitada hace unas horas por la defensa del exmandatario estatal.
Indicaron que la diligencia está programada a las 10:00 horas y se efectuará a través de videoconferencia, es decir, Ruffo Appel comparecerá desde el interior del penal.
La defensa busca que el exgobernador enfrente su proceso con una medida diversa a la prisión preventiva y que se le permita el uso de un brazalete electrónico o que permanezca en resguardo en su domicilio en Baja California bajo vigilancia de la Guardia Nacional debido a su estado de salud.
Ayer, Azucena Lazalde Íñiguez, jueza Segundo de Distrito en Materia Penal con sede en el Estado de México, rechazó conceder una suspensión definitiva que ordenará a la jueza de control realizar una diligencia para analizar el cambio de medida cautelar.
Únicamente le concedió la suspensión
para que Ruffo Appel quede a disposición de la jueza de amparo en el lugar donde se encuentra interno, por lo que se refiere a su libertad. No obstante, dijo que seguirá a disposición de la jueza de Ramírez de la Vega.
Es de mencionar que, en julio pasado, la jueza Ramírez de la Vega vinculó a proceso al exgobernador y a siete personas más, luego de ser imputados por su presunta responsabilidad en delito de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.
La FGR los ha señalado de presuntamente formar parte de la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual comenzó a operar a través de Ingemar, la cual registró ingresos por flujos superiores a los 3 mil 075 millones de pesos en cuentas nacionales y operaciones de divisas por más de mil 386 millones de dólares.
En esta red están involucradas diversas empresas y personal de aduanas, por lo que se solicitaron 25 órdenes de aprehensión.
AG
