La Procuraduría General de Justicia de Estado de Hidalgo (PGJEH) investiga 19 casos de presunta tortura en 12 municipios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pachuca, la capital del estado, registra el mayor número de carpetas de investigación con seis, seguida de Tulancingo con tres, el resto de las carpetas se iniciaron en los municipios de Ajacuba, Apan, Calnali, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Santiago Tulantepec, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tula de Allende y Zacualtipán de Ángeles.
La Procuraduría reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 19 carpetas de investigación por el delito de tortura entre enero y agosto de este año en 12 de los 84 municipios de la entidad. A nivel nacional suman mil 657 carpetas.
En enero se iniciaron en la Procuraduría tres carpetas, en febrero tres más, en marzo una, en abril también una, en mayo se registraron cinco carpetas de investigación, una en julio y cinco nuevamente en agosto.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo.
También comete el delito de tortura el particular que: con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un Servidor Público cometa alguna de las conductas descritas en el artículo anterior; o con cualquier grado de autoría o participación, intervenga en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo anterior.
Penas
La Ley establece que se le impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días multa al servidor público que incurra en el delito de tortura. Tratándose de un particular se le impondrá una pena de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.
Cabe mencionar que el 31 de marzo de 2022, con 24 votos a favor los diputados locales de Hidalgo aprobaron la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público con la que se creó la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura. El 13 de abril del mismo año, entró en vigor el Decreto número 186 con el que se creó la Fiscalía.
La Ley Orgánica del Ministerio Público del estado de Hidalgo establece que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción deberá contar con una Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura, que será competente para investigar los delitos previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con las facultades y obligaciones establecidas en esa norma, en la misma Ley Orgánica, su reglamento y demás normatividad aplicable.
