El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, anunció la inhabilitación de seis funcionarios al concluir las investigaciones en torno a la fuga de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, presunto líder del cártel de Sinaloa.
Explicó que se determinó para los seis funcionarios una inhabilitación de 10 años, por ser ésta la máxima pena disponible en materia administrativa en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Detalló que a la ex Coordinadora Nacional de los Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera Parra, se le dictó la inhabilitación por violaciones a la ley federal y al reglamento de los reclusorios por conceder privilegios que no le correspondían a 'El Chapo'.
También por no haber coordinado un presupuesto para mantener el funcionamiento de los sistemas de seguridad del penal.
Indicó que Leonor García García, directora técnica y coordinadora general del área jurídica del penal del Altiplano, fue sancionada por no alertar de manera inmediata de la fuga; asimismo al director del penal Valentín Cárdenas se le sancionó por no dar coordinación con las otras instancias de vigilancia que estaban en el penal.
Virgilio Andrade informó que otros tres funcionarios de menor rango fueron sancionados por deficiencias en el ejercicio de sus funciones durante la fuga de Guzmán Loera.
Dijo que por no haber elementos para construir una averiguación previa no se abrió un expediente contra Monte Alejandro Rubido, entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad.
Andrade aseguró que en este caso se tienen sanciones a funcionarios de alto nivel y remarcó que la Secretaría de la Función Pública solo actuó en los márgenes que permite la ley.
Las investigaciones penales siguen a cargo de las autoridades correspondientes que determinarán si los funcionarios deberán ir a prisión. La SFP únicamente puede dictar castigos del orden administrativo y por no involucrar dinero público o patrimonio nacional no son acreedores a una multa económica.
