Tras la difusión de un video que muestra a un grupo de reos en ropa interior femenina limpiando un piso mientras sujetos sin uniforme los golpean e insultan, el gobierno de Nuevo León precisó que se trata de una grabación hecha en el penal de Apodaca y que ya abrió una investigación.
La noche del martes comenzaron a circular imágenes de abusos verbales, físicos e incluso sexuales contra internos, uno de ellos con una pierna amputada, del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apodaca.
MILENIO supo que se trata de Daniel Valencia Treviño, El Muletas, cabecilla del cártel del Noreste, quien fue detenido apenas el pasado 24 de febrero en Monterrey.
A Treviño se le señala de liderar dicha banda criminal en los municipios de San Nicolás, Escobedo y Apodaca, y de estar detrás de secuestros y homicidios de integrantes de grupos rivales.
También se le acusa de ser el responsable del enfrentamiento contra efectivos de la Policía Municipal el 8 de febrero sobre la carretera Mezquital-Santa Rosa, que dejó un civil y un policía muertos.
Al respecto, el gobierno de Nuevo León precisó que el video fue grabado en uno de los ambulatorios del penal de Apodaca y no de Topo Chico, como se dijo en un primer momento.
En un comunicado, afirmó que tras conocer estos hechos, personal de la Fuerza Civil cateó el inmueble; la operación inició a las 23 horas del martes y concluyó la madrugada de ayer.
Entre las pertenencias de los reos se encontraron tres desarmadores, un clavo de tres pulgadas, ocho tijeras metálicas, una espátula y una punta hechizas, un teléfono celular y nueve cortaúñas metálicos, además de residuos de cigarros de mariguana y una bolsa con cocaína de aproximadamente 150 gramos.
“El gobernador Jaime Rodríguez Calderón ordenó realizar todas las indagatorias necesarias para deslindar responsabilidades por acción u omisión en estos sucesos, encaminadas a aplicar las sanciones que correspondan”, se expuso en el documento.
Además, informaron que ya contactaron a las instancias estatales y nacionales de derechos humanos para que realicen las indagatorias y recomendaciones pertinentes.
Inquirido sobre estas vejaciones, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cuauhtémoc Antúnez, se negó a dar declaraciones.
CÁRCEL REPROBADA
El año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio una calificación de 5.85 al Cereso de Apodaca. En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 se detectó sobrepoblación, hacinamiento, insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos y otras irregularidades.
Ayer, la CNDH condenó estos hechos, al considerar que atentan contra la dignidad de las personas privadas de la libertad, y advirtió que el llamado autogobierno de esos centros evidencia la falta de autoridad en el sistema penitenciario estatal, que se agudiza con otros problemas como la sobrepoblación y el hacinamiento.
Por ello, urgió a las autoridades penitenciarias a restablecer el orden en los centros de internamiento, de acuerdo con sus facultades legales y con pleno respeto a los derechos fundamentales de quienes allí purgan una pena.
Destacó que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y en las recomendaciones particulares emitidas por la CNDH, así como en los pronunciamientos, informes y recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se ha advertido de las fallas en el sistema penitenciario de esa entidad.
Por separado, las organizaciones Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Evolución Mexicana, Zihuame Mochila y otras opinaron que el material compartido refirma las denuncias públicas realizadas con anterioridad respecto al control del crimen organizado sobre el centro penitenciario.
SIGUE TORTURA
Juan Méndez, ex relator especial sobre Tortura de la ONU, reiteró que esta práctica “es generalizada” en el país e implementada por policías y militares.
En el Museo de Memoria y Tolerancia sostuvo: “Sigo insistiendo que la tortura es generalizada, aunque aspiro a poder decir, una, o que me equivoqué o que ya ha dejado de ser generalizada; créanme que lo voy a decir con mucho gusto cuando tenga la evidencia de ello”.
Ese señalamiento, dijo, no solo lo hizo en el informe de su visita de 2014, también en el texto de seguimiento presentado en el Consejo de Derechos Humanos hace unos días en Ginebra, Suiza.
Recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores trató de persuadirlo de retirar o modificar el término “generalizado” de su informe final, sugerencia que no aceptó.
Lamentó que “funcionarios encargados de la tarea específica de combatir la tortura tengan un enfoque basado en que la denuncia de tortura es una estrategia de la defensa... esta actitud es contraria a la presunción de inocencia y la población tiene esta sensación de que si alguien entra en conflicto con la ley es automáticamente culpable”.
Sobre la ley de seguridad interna, dijo desconocer las iniciativas, pero adelantó no estar de acuerdo en la participación de las fuerzas armadas en esa labor.
Explicó que todos los organismos internacionales de derechos humanos han señalado que la presencia de las fuerzas armadas en este tipo de tareas “son un gran error”.
Advirtió que el involucramiento del Ejército “lo que hace es demorar la reforma de las instituciones policiales; peor que eso, tiende a militarizarlas a ellas también”.
