Aunque la conversación pública suele enfocarse en audios falsos, videos manipulados o supuestas extorsiones con voces clonadas, la realidad en Nuevo León apunta hacia otro problema: la inteligencia artificial todavía no figura como principal herramienta para defraudar personas, sino como un recurso que fortalece ataques contra sistemas informáticos e instituciones.
Así lo expone Paul Corte Suárez, director de Inteligencia de la Agencia Estatal de Investigaciones, quien asegura que hasta ahora no tienen denuncias directas por suplantación de identidad mediante inteligencia artificial con fines patrimoniales.
“No hay una sola denuncia con uso de inteligencia artificial de suplantación de identidad”, afirma el funcionario al referirse al panorama actual en la entidad.
Explica que si bien existen casos donde la tecnología puede utilizarse para alterar imágenes o fabricar contenidos falsos que dañen reputaciones, el impacto económico hacia ciudadanos todavía no representa la principal amenaza.
“El mayor riesgo de la inteligencia artificial ahorita no es la suplantación de identidad, sino la penetración de los sistemas”, señala.
Según el especialista, estas herramientas permiten a los delincuentes volver más sofisticados los intentos de intrusión digital, automatizar procesos y reducir el conocimiento técnico que antes se requería para cometer un hackeo.
“Utilizarlo con inteligencia artificial reduce el expertise del atacante y reduce también la técnica necesaria”, explica.
Esto significa que personas con menor preparación pueden ejecutar acciones que antes exigían conocimientos avanzados en programación, redes o ciberseguridad.
Corte Suárez advierte que el robo de datos y los ataques contra instituciones forman parte de una tendencia mundial. Bancos, empresas privadas y dependencias públicas enfrentan riesgos crecientes por la capacidad de los grupos criminales para ocultar rastros y lanzar ofensivas más complejas.
Uno de los principales obstáculos para investigar estos delitos, agrega, no es tecnológico, sino legal. Detalla que en México las compañías telefónicas están obligadas a conservar registros de llamadas, como duración, origen y destino, pero no necesariamente la asignación histórica de direcciones IP, dato clave para ubicar responsables en delitos cometidos en internet.
“La autoridad pierde la pista principal”, resume.
Para explicar el problema, utiliza una comparación sencilla: navegar en internet sería como circular con vehículos sin placas.
“Todos los carros en internet… no trajimos placas”, menciona al insistir en la necesidad de actualizar el marco jurídico federal.
Sostiene que la cantidad de delitos digitales aumenta año con año debido al crecimiento en el uso de teléfonos, computadoras y plataformas conectadas.
“Entre más dispositivos digitales tengamos, más delitos digitales habrá”, advierte.
Para la Fiscalía, el debate no debe centrarse sólo en el temor hacia la inteligencia artificial, sino en fortalecer hábitos de privacidad, educación digital y leyes que permitan perseguir delitos cometidos en línea con mayor eficacia. Mientras eso no ocurra, la impunidad seguirá siendo una ventaja para quienes delinquen desde una pantalla.
nrm
