Carlos Alberto Peña Vélez, que conformó parte de la red fantasma de empresas con sede en Nuevo León y que es investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, fue funcionario del municipio de San Nicolás de los Garza y ejecutado en San Pedro Garza García en el 2018.
Se trata del ex director de Gestoría Jurídica del ayuntamiento nicolaíta, que encabezaba en 2009 el alcalde Zeferino Salgado Almaguer, en su primera administración.
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Peña Vélez, de 44 años, fue asesinado el 26 de noviembre del 2018, en el segundo sector de la colonia Real San Agustín, del municipio de San Pedro Garza García, cuando conducía un Jeep color negro, estacionado afuera de un laboratorio clínico.
El ex funcionario fue descrito en ese momento tras su ejecución como "facturero", una de las principales líneas de investigación.
Sin embargo, lo que nunca se informó es que el ex funcionario fue representante de la asamblea de accionistas de la firma Servicios Empresariales Zorfimex, SA de CV, una de las seis principales compañías (de la red de 53) dueñas de las tres mansiones donde residía Omar Treviño Morales, el "Z-42", que en suma tenían un valor de 36.5 millones de pesos.
Este martes, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCyI) publicó una investigación sobre una red de 45 empresas “fantasma” con sede en Nuevo León, -revelada por MILENIO desde el 2015-, que transfería millones de dólares a cinco países, y que es indagado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR aseguró las residencias del capo que estaban a nombre de Empresas Desarrollo Comercial Lexir, Desarrollo y Construcción G30, Servicios Empresariales Luze, Servicios Empresariales Lexir, Servicios Empresariales Zorfimex y Grupo Bolan.
Servicios Empresariales Zorfimex y el resto de las firmas tenían como accionistas a vecinas adultas mayores de colonias populares, como Valle Verde, que operaban en realidad como prestanombres.
Estas seis empresas se unían a una red de 53 compañías que estaban al servicio del narco y, a su vez, como proveedores de municipios y gobiernos de los estados, incluyendo el de Nuevo León, y de entes del gobierno federal y de partido políticos, según una investigación de MILENIO Monterrey en 2016.
Los "accionistas" de estas compañías estaban en calidad de "pantalla", pues sus datos personales fueron robados del programa federal "65 y más" de la extinta Secretaría de Desarrollo Social, según la misma investigación.
El ex funcionario aparecía también como representante o socio en las actas constitutivas de las compañías Servicios Integrales Billybob, ubicada en Santiago, Nuevo León; y Proyecto Inmobiliario DOHKO, ubicada en San Pedro, y Grupo Shemer, estas dos últimas disueltas.
En casi la mitad de esas 53 compañías, incluyendo las dueñas de las tres mansiones, aparecía Efrén Azael Adame Sosa, joven de 23 años, vecino de la colonia Infonavit.
