El norte de Nayarit se ha convertido en el nuevo campo de batalla en la guerra entre Los Mayos y La Chapiza.
Reportes federales dan cuenta de que los efectos de la confrontación en el Cártel de Sinaloa han llegado al norte de ese estado, donde el desplazamiento de células criminales, la presencia de grupos armados y los enfrentamientos con fuerzas federales encendieron las alertas de seguridad.
Huyendo de la escalada de operativos federales desplegados en Sinaloa, las células del narcotráfico se recorrieron al sur de Sinaloa, particularmente a municipios que conectan con territorio nayarita, detectaron autoridades.
Ante estos movimientos, el Gabinete de Seguridad reorientó parte de sus operaciones y reforzó los patrullajes militares en Mazatlán, El Rosario, Concordia y Escuinapa, en Sinaloa, así como en Acaponeta, Huajicori y Tecuala, en Nayarit, una franja territorial donde los aseguramientos de armas se dispararon durante los últimos meses.
Te recomendamos leer...
Operativos que terminaron en decomisos
De acuerdo con informes del Gabinete de Seguridad entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2026, en esos municipios fueron aseguradas al menos 565 armas de fuego, entre ellas fusiles de alto poder, ametralladoras y armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Los registros del Gabinete de Seguridad revisados por MILENIO reflejaron una escalada en los decomisos.
Durante los últimos meses de 2024, las autoridades reportaron un promedio de 16 armas aseguradas mensualmente, cifra que disminuyó ligeramente a 14 durante 2025.
Sin embargo, en 2026 el promedio se elevó a 36 armas por mes, un incremento que, de confirmarse las bases de comparación, evidenciaría una mayor actividad de las fuerzas de seguridad y una creciente circulación de armamento en esta zona.
Entre los decomisos destacaron 11 fusiles Barrett, un AK-47, armas largas y cortas de distintos calibres, miles de cartuchos, cargadores, granadas, equipo táctico y vehículos con blindaje artesanal, conocidos como monstruos, utilizados por organizaciones criminales para enfrentar a grupos rivales y a las autoridades.
La dimensión de estos arsenales exhibió la capacidad de fuego de las células que operan en una región convertida en corredor de movilidad para organizaciones criminales.
La frontera entre Sinaloa y Nayarit bajo presión
Entre el 16 y el 18 de octubre, las fuerzas federales y estatales realizaron dos intervenciones en Tecuala, Nayarit, donde aseguraron una ametralladora, cuatro armas largas, cargadores, cartuchos y una granada.
“En Tecuala, en las localidades San Felipe Aztatán y El Arrayán, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército mexicano y Policía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron una ametralladora, dos armas largas (…) También en el poblado San Felipe Aztatán, elementos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal catearon un inmueble donde aseguraron dos armas largas (…)”, informó el Gabinete de Seguridad.
En El Rosario, Sinaloa, fueron detenidas cuatro personas en posesión de seis armas largas, mientras que en tres operativos distintos realizados en Mazatlán se aseguraron otras tres armas largas, una corta y una pistola de aire comprimido.
Las investigaciones federales vincularon a los cuatro detenidos en El Rosario con el círculo de seguridad de un jefe regional de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa que mantiene una disputa armada con Los Mayos desde septiembre de 2024.
De acuerdo con información oficial, los detenidos también fueron relacionados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam, cometido en enero en Sinaloa, así como con la privación de la libertad de turistas mexiquenses registrada en febrero.
“Los detenidos están vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrido el 23 de enero en La Concordia; además, se les relaciona con el secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México, el 3 de febrero, en Mazatlán”, señaló el reporte oficial.
Mediante labores de inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional identificó a los detenidos como parte de la estructura encargada de proteger a un mando regional de Los Chapitos.
Huajicori, foco de los decomisos
Los antecedentes de esta presión criminal se remontaron a noviembre de 2024, cuando siete hombres fueron detenidos en Huajicori, Nayarit, después de una agresión contra elementos militares.
En aquella intervención, las autoridades aseguraron siete fusiles, 59 cargadores y mil 472 cartuchos, un arsenal que reflejó el nivel de armamento utilizado por las células que se desplazaban por la zona serrana.
Un mes después, elementos del Ejército y de la Policía estatal aseguraron en ese mismo municipio 11 armas largas y dos artefactos explosivos improvisados durante recorridos de vigilancia. En la operación también fueron liberadas dos personas que permanecían privadas de su libertad.
La presencia de armamento y explosivos continuó durante 2025.
En los primeros meses de ese año, fuerzas federales y estatales realizaron dos intervenciones en Huajicori que permitieron asegurar cuatro armas largas, cargadores, cartuchos, 16 artefactos explosivos improvisados y dos chalecos tácticos.
En febrero fueron detenidas otras cinco personas, a quienes les decomisaron cuatro armas largas, 380 cartuchos, 11 cargadores, un chaleco táctico, cuatro placas balísticas y 5 teléfonos celulares.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo posteriormente la vinculación a proceso de los cinco detenidos.
Para mayo, las operaciones se extendieron a Acaponeta, Huajicori y Ruiz, municipios del norte de Nayarit donde la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina aseguraron dos fusiles Barrett, 12 armas largas, una ametralladora, tres artefactos explosivos improvisados, cargadores y cartuchos útiles.
En esos despliegues también fue localizado un vehículo con blindaje artesanal, de los utilizados por grupos del narcotráfico para resistir impactos de armas de fuego.
Entre septiembre y diciembre de 2025, los operativos en Acaponeta y Huajicori dejaron otras 14 armas largas, dos cortas y artefactos explosivos asegurados, además de nueve personas detenidas.
La tendencia continuó durante 2026. Informes del Gabinete de Seguridad documentaron el aseguramiento de al menos 43 armas largas, un fusil Barrett y un campamento clandestino utilizado para almacenar equipo bélico en municipios del norte nayarita.
Los hallazgos mostraron que la actividad de las células armadas se extendió más allá de las principales ciudades sinaloenses, hacia caminos rurales, poblaciones serranas y rutas de comunicación que enlazan ambas entidades.
Rastrean rutas del narco
En abril, las autoridades federales identificaron desplazamientos de grupos armados en el sur de Sinaloa.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, mediante trabajos de inteligencia, fueron detectadas rutas utilizadas por una célula delictiva para movilizarse en la región.
Como resultado, las fuerzas de seguridad interceptaron un vehículo sobre la carretera Escuinapa-Teacapán, donde detuvieron a cinco hombres.
“Como resultado, se interceptó un vehículo sobre la carretera Escuinapa–Teacapán, donde fueron detenidos cinco hombres, a quienes se les aseguraron siete armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, seis chalecos balísticos y el vehículo en el que se trasladaban”, informó la dependencia.
Teacapán, localidad perteneciente al municipio de Escuinapa, se encuentra en el extremo sur de Sinaloa, cerca de los límites con Nayarit.
Su ubicación la convirtió en uno de los puntos de interés para las autoridades que investigan los movimientos de células criminales entre ambas entidades.
El desplazamiento de estos grupos ocurrió en medio de la fractura del Cártel de Sinaloa, cuya guerra interna estalló en septiembre de 2024 entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos.
Desde entonces, la disputa por territorios, rutas de trasiego y estructuras de operación criminal provocó enfrentamientos, asesinatos, desapariciones y una creciente movilización de fuerzas federales.
La violencia también colocó bajo escrutinio a autoridades locales y estatales, en medio de señalamientos sobre presuntos vínculos de funcionarios con organizaciones criminales.
Refuerzan despliegue militar
Ante el recrudecimiento de la violencia, a finales de octubre el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, anunció visitas de supervisión de los titulares de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como de mandos de Seguridad, para revisar las operaciones desplegadas en Sinaloa.
“La agenda contempla supervisar los despliegues, conocer de primera mano las necesidades de la Policía estatal y de las policías municipales de Culiacán y Mazatlán, revisar el funcionamiento del C4 y el terreno previsto para la construcción del nuevo penal”, explicó.
Las inspecciones se anunciaron después de un nuevo repunte de homicidios en la entidad, pese al despliegue de miles de elementos militares y de la Guardia Nacional para contener la confrontación entre las organizaciones criminales.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que los asesinatos aumentaron durante los últimos dos meses, particularmente en las semanas recientes.
“Ha habido un incremento en homicidios en Sinaloa en los últimos dos meses y particularmente las últimas semanas, entonces hay todos los análisis de inteligencia de por qué ocurre esto, pero lo que nos interesa, pues es proteger evidentemente a los sinaloenses”, declaró en conferencia.
Mientras las autoridades reforzaron su presencia en los principales municipios sinaloenses, los decomisos de fusiles, ametralladoras y explosivos en la frontera con Nayarit mostraron otra dimensión de la crisis: la movilidad de grupos criminales armados hacia una región donde la guerra entre Los Mayos y Los Chapitos comenzó a dejar también sus huellas.
RM
