Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) arrojaron que los gobiernos municipales de Amanalco y Santo Tomás de los Plátanos financiaron parte de las actividades del cártel de La Familia Michoacana.
Información proporcionada por la autoridad apunta que no se trata de las únicas administraciones que lo hicieron, sino que también participó la administración de Tonatico. Todas comparten ubicación en el sur del territorio mexiquense, en donde tiene presencia la facción criminal.
En el caso de Amanalco, la fiscalía estableció que el crimen recibió dinero por parte de la autoridad a través de acuerdos de cabildo. Tras la detención de la alcaldesa María Elena “N”, la autoridad informó que por cada acuerdo aprobado tenían que entregar 100 mil pesos al cártel michoacano; aunado a ello, de manera trimestral entregan 1 millón de pesos y la mitad del presupuesto de obras sería destinado a la facción criminal.
Aunado a ello, se informó que la edil e integrantes del cabildo tenían reuniones periódicas con los líderes del cártel, José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga, quienes tenían conocimiento del manejo de la administración y conflictos internos.
En Santo Tomás de los Plátanos “ponían a los ciudadanos”
Santo Tomás de los Plátanos es otro municipio en donde hay presencia del cártel y colaboración entre el gobierno local. Con una población de apenas 9 mil 729 habitantes, la alcaldesa, María de Rosario “N”, -prófuga de la justicia- aparentemente entregó a miembros del crimen organizado listas con nombres de beneficiarios y apoyos diversos, así como información de vecinos que envían remesas para ser objeto de extorsión, informó la fiscalía.
Por otra parte, el análisis de la cuenta pública 2023 hecho por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), el ayuntamiento cuenta con diversas observaciones de carácter financiero.
Una de las graves que identificaron fue “la falta de suficiencia presupuestaria en las dependencias generales de Secretaría del Ayuntamiento, Administración, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y Tesorería”.
Localizaron que la aplicación de recursos fue mayor a lo autorizado y que hubo un incremento en lo que refiere al “Financiamiento de proveedores” 107.1 millones de pesos en materiales y útiles de oficina de la Presidencia.
En el caso de Tonatico, también identificaron la entrega de recursos municipales para el financiamiento de otras actividades delictivas.
Las hipótesis de la fiscalía versan en el plano financiero de las administraciones, por lo que investigan diversas partidas que estarían nutridas por recursos municipales, estatales o federales que fueron destinados al narco.
