El nombre del general Gerardo Mérida Sánchez, quien fuera comandante de la XXV Zona Militar en Puebla, resurge en medio de una investigación internacional que lo coloca en la mira de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. Su paso por territorio poblano, bajo el mandato del entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta, es recordado como discreto, sin operativos emblemáticos ni resultados mediáticos de alto impacto.
De acuerdo con la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el militar forma parte de un grupo de funcionarios y exfuncionarios señalados por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. En la misma investigación también aparece el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros actores políticos de alto nivel.
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Mérida Sánchez asumió el mando de la XXV Zona Militar el 16 de junio de 2021, en un contexto donde el gobierno estatal buscaba reforzar la seguridad mediante la presencia castrense. Durante su gestión que se extendió hasta el 4 de septiembre de 2023 se mantuvo una estrategia de operativos constantes pero de bajo perfil, centrados principalmente en el combate al robo de hidrocarburos en el llamado 'Triángulo Rojo' y en acciones coordinadas con la Guardia Nacional y corporaciones estatales.
Aunque el Ejército participó en cateos, retenes y despliegues en zonas con alta incidencia delictiva, no se documentaron golpes contundentes o capturas de alto nivel que marcaran su administración.
Su gestión, inició con el gobierno de Miguel Barbosa en el poder, sin embargo, tras el deceso de este, el entonces comandante, también se mantuvo en funciones en la XXV Zona militar durante el paso de Ana Lucía Hill Mayoral y culminó con Sergio Salomón Cespedes al frente del ejecutivo local.
Tras su salida de Puebla, el general fue designado como secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, entidad considerada bastión del Cártel de Sinaloa. Donde su llegada coincidió con un periodo de alta tensión tras la captura de Ismael Zambada por parte de la Administración de Control de Drogas, lo que detonó enfrentamientos internos entre facciones criminales.
Luego de más de 100 días de violencia entre grupos rivales, Mérida Sánchez presentó su renuncia el 20 de diciembre de 2024, en medio de cuestionamientos por la estrategia de seguridad implementada en la entidad, desapareciendo del radar público hasta este momento.
Actualmente, el militar enfrenta señalamientos por delitos como conspiración para la importación de narcóticos, así como posesión y conspiración para el uso de armamento de alto poder y dispositivos destructivos, mismos que comprobarse, podrían hacerlo enfrentar penas que van desde los 40 años de prisión hasta cadena perpetua en Estados Unidos.
BTO
