Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público en relación al incendio del pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, tras el cual murieron 40 migrantes.
Tras unas 10 horas de audiencia, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón determinó que hay datos de prueba para considerar que el funcionario federal fue omiso en el cumplimiento de sus funciones.
De acuerdo con la acusación formulada por los agentes del Ministerio Público de la Federación, Garduño Yáñez fue omiso en ejercer, supervisar, proteger y dar seguridad a las personas migrantes que se encontraban en la estación migratoria el pasado 27 de marzo, pues como parte de sus funciones, él era garante de la seguridad de los migrantes.
▶️ Vinculan a proceso a Francisco Garduño, comisionado de INM, por incendio en Ciudad Juárezhttps://t.co/27xlbmu2bD pic.twitter.com/AT5P2Yne3t
— Milenio (@Milenio) May 1, 2023
El comisionado se reservó su derecho a rendir declaración.
Se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
El funcionario compareció este domingo luego de que en una audiencia pasada el juez rechazó retirar a Francisco Garduño del cargo como titular del INM, y en cambio impuso, como medida cautelar, la firma periódica ante el órgano jurisdiccional cada 15 días.
Para pedir que fuera suspendido temporalmente del cargo, los representantes de la FGR sostuvieron que, de continuar como comisionado del INM, "se lesionan más los intereses jurídicos de las víctimas". Incluso se refirieron a una posible "obstaculización" de la indagatoria.
Los agentes del Ministerio Público de la Federación subrayaron que no era a su "capricho" la solicitud de estas medidas cautelares sino que estaban contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En tanto, los abogados del comisionado del INM calificaron de "irracional" la petición de la FGR de estas medidas cautelares, al enfatizar que llevaba 40 años como servidor público y, como adulto mayor, "tenía derecho a conservar su trabajo".
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