La Fiscalía General de la República perdió un juicio por responsabilidad patrimonial del Estado y deberá pagar 463 mil pesos al ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, José Cuitláhuac Salinas Martínez, por la dilación en la integración y consignación de una averiguación previa.
MILENIO tuvo acceso a la sentencia de la Sexta Sala Regional Metropolitana, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se condenó de manera definitiva e inapelable a la FGR.
En acato a un amparo otorgado por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, la Sexta Sala Regional realizó una valoración de la impugnación del ex funcionario.
De acuerdo con el expediente, el ex titular de la SEIDO presentó una denuncia que derivó en la averiguación previa 70/AP/DGDCSPI/2015, donde demandó proceder penalmente contra funcionarios de la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero la autoridad ministerial no lo hizo.
Salinas Martínez responsabilizó a Martha Patricia Olivares, agente del Ministerio Público Federal, adscrita a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de incurrir en las siguientes irregularidades:
“La omisión de pronunciarse respecto de la totalidad de las cuestiones que se señalaron en el escrito de denuncia que dio origen a la averiguación previa 70/AP/DGDCSPI/2015.
“La omisión o dilación en la integración de esa indagatoria. La dilación en determinar esa investigación, es decir, en el caso particular, la omisión de ejercer acción penal en ese expediente, a pesar de que se encontraban colmados los extremos a que se refiere el numeral 16 constitucional”.
Sin embargo, el 17 de julio de 2018, la directora general de Asuntos Jurídicos de la PGR, en el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado DGAJ/PRPE/027/2017, determinó que era improcedente la petición del ex subprocurador.
El 3 de septiembre del mismo año, Salinas promovió un juicio contencioso administrativo, el cual fue admitido a trámite, pero el 30 de enero de 2019, la Sexta Sala Regional validó la resolución de la directora de asuntos jurídicos.
Ante esta situación, Cuitláhuac Salinas se amparó y el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito le concedió la protección de la justicia al declarar fundados sus alegatos.
En acato al amparo, la Sala Regional señaló: “…es claro que en el presente asunto quedó de manifiesta la ilegalidad de la resolución impugnada…reconociendo el derecho de la actora a recibir como indemnización por daño patrimonial (gastos de asistencia legal) la cantidad de 463 mil 34 pesos 98 centavos”, recursos que representan lo que pagó a su abogado durante el pleito legal con la FGR.
Cuitláhuac Salinas estuvo al frente de la Seido en el sexenio de Felipe Calderón, pero renunció al cargo el 15 de noviembre de 2012 por diferencias con la entonces procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez y con el personal del Ejército que laboraba en el área a su cargo.
Días después de la renuncia, la PGR integró una averiguación previa en su contra con declaraciones de los testigos protegidos con nombre clave X y Libre, que lo involucraron con el cártel de Sinaloa y de recibir 8 millones 300 mil dólares.
Los testigos, que se comprobó mintieron en investigaciones, son los mismos que se usaron contra José Gerardo Ortega Maya, ex asesor del ex secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, y amigo del general Tomás Ángeles Dauahare.
Por esta razón, Cuitláhuac Salinas emprendió juicios contra la PGR y contra el Consejo de la Judicatura Federal por la “persecución” de la que fue objeto.
bgpa
