Es una estructura enorme, imponente, de altos muros grises coronados de alambrado de púas, con torres de vigilancia y gruesos portones de acero capaces de quebrar el ánimo de cualquiera cuando se cierran a sus espaldas con un estruendo que cae como lápida.
De acuerdo con información proporcionada para MILENIO, el Centro Federal de Readaptación Social número 1 es una de las dos cárceles que se encuentran en el municipio de Almoloya de Juárez, en lo que anteriormente fuera el Rancho La Palma, de ahí que inicialmente fuera conocido con ese nombre.
Posteriormente, para quitarle el estigma a los habitantes de esa población, fue rebautizado como El Altiplano.
Este claustro, donde son comunes las temperaturas muy bajas debido a su ubicación en esta zona montañosa del Valle de Toluca, enfrenta el frío durante todo el año, sobre todo durante las noches y madrugadas, pero especialmente en invierno.
Quizá es parte del castigo a sus ilustres huéspedes.
Entre sus internos están personas procesadas o sentenciadas por delitos federales y de alto impacto, pero también conserva una historia marcada por personajes de alto perfil político, integrantes de organizaciones criminales y empresarios notables involucrados en procesos judiciales.
Hasta junio de 2026, el penal federal tenía 643 personas privadas de la libertad, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una población que representa 76.1 por ciento de su capacidad, establecida en 844 espacios.
Entre los personajes de mayor relevancia que actualmente están relacionados con el centro penitenciario se encuentra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien ingresó recientemente y enfrenta señalamientos por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
El exmandatario fue vinculado a proceso y su caso está relacionado con las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
Otro exgobernador que recientemente fue llevado ante la justicia federal es Ernesto Ruffo Appel, exmandatario de Baja California, quien fue vinculado a proceso por delitos relacionados con contrabando y el llamado huachicol fiscal.
Los muchos casos que han pasado por estos muros reflejan el perfil diverso de quienes han llegado a El Altiplano, aunque la historia del centro penitenciario se remonta a 1991, cuando comenzó operaciones como una de las principales instalaciones federales destinadas a albergar a personas consideradas de alta peligrosidad, en general relacionadas con delitos de competencia federal.
Exgobernadores y políticos
A lo largo de más de tres décadas, El Altiplano ha recibido a varios exgobernadores que enfrentaron procesos judiciales por distintos delitos.
Entre ellos se encuentra Jesús Reyna García, quien fue gobernador interino de Michoacán y posteriormente enfrentó acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y vínculos con grupos criminales. Tiempo después fue enviado a un penal de Michoacán y, tras cuatro años preso, fue absuelto y obtuvo su libertad.
También está recluido Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, quien enfrentó un proceso por el delito de tortura relacionado con la periodista Lydia Cacho. Fue detenido en 2021, pero hasta ahora no recibe sentencia. Recientemente se manejó la posibilidad, bajo distintos argumentos, de que continuara su proceso en arraigo domiciliario.
Otro de los exmandatarios que pasó por este centro fue Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, acusado en Estados Unidos de delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
El listado también incluye a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, quien fue detenido en Estados Unidos y posteriormente trasladado a México para enfrentar acusaciones por delitos relacionados con corrupción y asociación delictuosa.
A esta lista se suma Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien estuvo recluido en El Altiplano durante un proceso por homicidio y posteriormente fue trasladado al otro penal de Almoloya, conocido como Santiaguito, y finalmente absuelto.
La presencia de políticos de alto perfil convirtió al Altiplano en uno de los centros penitenciarios más conocidos del país, particularmente por la combinación de casos de corrupción, delincuencia organizada y delitos federales que han llegado hasta sus instalaciones.
Los principales nombres del narcotráfico
Pero la historia de El Altiplano también está ligada a algunos de los nombres más conocidos del narcotráfico mexicano.
Uno de ellos es el empresario Zhenli Ye Gon, quien a finales de julio fue sentenciado a 15 años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y quedó relacionado nuevamente con el penal federal de máxima seguridad.
Sin embargo, uno de los internos más famosos fue Joaquín El Chapo Guzmán, integrante y posteriormente líder del cártel de Sinaloa, quien estuvo recluido en este penal antes de protagonizar una de las fugas más conocidas de la historia penitenciaria del país.
Guzmán escapó por primera vez en 2001 de otro penal “de máxima seguridad”, el de Puente Grande, Jalisco. En 2015 protagonizó una segunda fuga, ahora en el Altiplano, Estado de México, esta vez mediante un túnel que cavaron desde un punto lejano hasta el piso del área de la regadera de su celda.
Tras esa segunda evasión, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad del penal y Guzmán fue recapturado tiempo después.
Otro personaje relacionado con El Altiplano es Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, detenido en enero de 2023 en Culiacán y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico.
Actualmente, también se encuentra Héctor Luis El Güero Palma Salazar, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. A pesar de que ha sido absuelto en varios delitos, las investigaciones continúan y le han cumplimentado más órdenes de aprehensión. En los últimos meses se ha reportado con complicaciones de salud; incluso ha salido del penal para ser atendido en un hospital del sector público.
Rafael Caro Quintero, identificado como uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, también estuvo recluido en El Altiplano por más de dos años, de 2022 a 2025, hasta que fue extraditado a Estados Unidos.
El penal recibió además a Eduardo Arellano Félix, integrante del cártel de Tijuana; Servando Gómez Martínez, La Tuta, identificado como líder de Los Caballeros Templarios; así como Gerardo Álvarez Vázquez y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, relacionados con el grupo de los Beltrán Leyva.
La lista continúa con Miguel Ángel Treviño Morales, identificado como uno de los principales líderes de Los Zetas, y José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, señalado como líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.
Una población de 643 internos
Más allá de los nombres que han marcado la historia del penal, actualmente El Altiplano alberga a 643 personas privadas de la libertad.
La cifra representa una ocupación de 76.1 por ciento respecto de su capacidad oficial de 844 internos, por lo que hasta junio de este año había 201 espacios disponibles.
La población penitenciaria está dividida entre personas procesadas y sentenciadas, además de quienes enfrentan acusaciones por delitos del fuero común y del fuero federal.
De los 643 internos, solo 67 están relacionados con delitos del fuero común. De este grupo, 12 permanecen como procesados y 55 cuentan con una sentencia.
En contraste, 576 personas están relacionadas con delitos del fuero federal. De ellas, 429 permanecen como procesadas y 147 ya cuentan con una sentencia.
Los datos muestran que casi nueve de cada diez personas recluidas en El Altiplano están relacionadas con delitos del fuero federal y que la mayoría de esta población todavía enfrenta un proceso judicial.
Esto significa que, dentro de la población federal, 429 personas no cuentan todavía con una sentencia, mientras que 147 ya fueron condenadas.
Entre los delitos por los que se encuentran recluidos aparecen acusaciones relacionadas con delincuencia organizada, homicidio, tortura, narcotráfico, portación de armas y otros ilícitos de competencia federal.
Más de tres décadas de historia
El Altiplano inició operaciones en 1991 y desde entonces ha sido utilizado para concentrar a personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad o vinculadas con delitos de competencia federal.
El centro penitenciario ocupa una superficie aproximada de 260 mil metros cuadrados y se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, a unos 25 kilómetros de Toluca y, de acuerdo con los registros disponibles, el grupo de edad con mayor concentración se encuentra entre los 35 y 48 años.
Su ubicación, sus características de seguridad y el perfil de algunos de sus internos han convertido al centro penitenciario en uno de los referentes del sistema federal de máxima seguridad.
Sin embargo, a lo largo de la historia de este penal, por sus instalaciones también han pasado funcionarios públicos, exgobernadores, empresarios y personas acusadas de delitos que han tenido impacto político y social en el país, que no son de aquellos que llegan esposados en una modesta patrulla. Su arribo es en convoyes artillados y, no pocas veces, en helicópteros gubernamentales.
Es precisamente esa combinación de historias la que ha convertido a El Altiplano en mucho más que una prisión federal: detrás de sus muros se cruzan expedientes de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada, desapariciones y otros delitos que han marcado la historia reciente de México.
Los ingresos recientes vuelven a colocar al penal en el centro de la atención. El Altiplano mantiene vigente su papel dentro del sistema penitenciario federal, al tiempo que suma nuevos nombres a una historia en la que han figurado muchos de los personajes más conocidos de organizaciones criminales de México… y de la política.
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