Los seis mandos policíacos que fueron removidos del cargo para su posterior captura en municipios de la Mixteca y la Sierra Norte, más el que se mantiene prófugo de la justicia, son investigados por presunta relación con el crimen organizado al permitir y ocultar la instalación de narcolaboratorios en sus territorios.
Así lo dijo Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, quien precisó que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió investigaciones en su contra por aparente complicidad con narcotraficantes.
"Están relacionados con actividades de narcolaboratorios, estamos trabajando y se está llevando a cabo la investigación por parte de la Fiscalía. En Puebla no hay espacio para la complicidad ni la omisión", sentenció.
Fue el 10 de julio cuando autoridades ministeriales ejecutaron órdenes de aprehensión contra Ángel Miguel G., Manuel M. y Evencio R., quienes fingían como directores de Seguridad Pública en los ayuntamientos de Tlaola, Jopala y Tlapacoya, respectivamente, en la Sierra Norte.
Luego, el 13 de julio, personal de investigación también procedió contra José Santiago B., Gonzalo T. y David V., quienes estaban a cargo de la Policía Municipal en Chila de la Sal, Tehuitzingo y Chietla, demarcaciones enclavadas en la región Mixteca, colindante con Guerrero y Oaxaca, donde autoridades estatales reconocieron la incursión del grupo delictivo 'Los Rojos'.
A ellos se suma Andy C., que se desempeñaba como director de Seguridad Pública en San Felipe Tepatlán pero al conocer las averiguaciones en su contra huyó y se mantiene prófugo de la justicia.
De acuerdo con el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, los siete mandos eran cercanos a grupos criminales que usaban el territorio poblano para plantíos de amapola y producción de drogas sintéticas, obligando a los oficiales a su cargo a no intervenir en las zonas de influencia.
En el caso de la Sierra Norte, los detenidos cayeron luego del operativo que la Federación y el gobierno de Puebla realizaron el 14 de junio, donde se aseguraron drogas y múltiples insumos para su fabricación, con un monto valuado en 2 mil 367 millones de pesos que irían a las arcas del crimen organizado, según el reporte del Gabinete de Seguridad.
AAC
