Un juez federal ordenó a todas las fiscalías de justicia del país, así como a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional, entregar la información que tengan del teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán, quien permanece desaparecido desde el 8 de mayo de 1993, además de realizar su búsqueda en prisiones militares.
De acuerdo con investigaciones, hay indicios de que Orlando Muñoz fue víctima de desaparición forzada, delito cometido por elementos del Ejército.
Julio Veredín Sena Velázquez, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, otorgó una suspensión de plano tras admitir a trámite la demanda de garantías presentada por este caso.
El juzgador previno a las autoridades para que no incurran en desacato argumentando que ya se realizó la búsqueda del militar. Recordó que la desaparición forzada de personas es un delito continuado, el cual cesa cuando se localiza a la víctima.
También indicó que es obligación del Estado investigar y, en su caso, sancionar a los responsables, establecer la verdad de lo sucedido, localizar el paradero de las víctimas e informar a los familiares sobre el mismo; así como repararlos justa y adecuadamente en su caso.
De acuerdo con información de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el teniente tenía 25 años y su familia recibió por parte de él una última llamada desde el 26 Batallón de Infantería en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“La desaparición ocurrió en circunstancias que indican el involucramiento del Ejército mexicano, quien ha buscado desviar las líneas de investigación del caso al señalar que Miguel Orlando desertó y luego viajó a Estados Unidos.
“Posteriormente, se comprobó la falsificación de la firma de Miguel Orlando, realizada por un integrante del Ejército, en un documento que tuvo la finalidad de demostrar su presunto interés en desertar, así como la sustracción del portafolio personal del Sr. Muñoz Guzmán, en el que se encontraban sus documentos personales”, detalla el informe de la CMDPDH.
En 1999, el asunto se denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y fue admitido el 4 de diciembre de 2000.
El 28 de febrero de 2006 , la CIDH declaró la responsabilidad del Estado mexicano y recomendó investigar el paradero del teniente; y, de establecerse que hubo desaparición forzada, sancionar a todos los responsables.
El 22 de septiembre de 2006, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) remitió la averiguación previa al fuero estatal, donde permaneció hasta 2019.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua manifestó que “tenían opciones limitadas para poder continuar la investigación del caso, toda vez que las líneas de la investigación que continuaban pendientes de agotarse se relacionan con la responsabilidad de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que el asunto es de competencia federal.
El 9 de julio de 2018, la familia del soldado se amparó y la juez Novena de Distrito en el Estado de Guanajuato, admitió la demanda de amparo y emitió una suspensión ordenando a la fiscalía estatal llevar a cabo las investigaciones conducentes.
El 12 de septiembre de 2019, se notificó a la familia y sus representantes que la actual Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República aceptó la competencia del caso.
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