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Miércoles , 20.02.2019 / 18:08 Hoy

Denuncian a 4 militares por ‘sembrar’ tomas clandestinas de hidrocarburos

Investigación. Dos generales, un teniente coronel y un coronel están señalados ante la PGR de también ordenar a agentes de seguridad física no dar parte al MP de acciones de huachicoleo.
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La Procuraduría General de la República (PGR) investiga al general Eduardo León Trauwitz y al teniente coronel Wenceslao Cárdenas Acuña, a quienes se acusa de que como titulares de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Petróleos Mexicanos (Pemex) ordenaban a los "agentes de seguridad física" de la institución "sembrar tomas clandestinas de hidrocarburos", no dar parte al Ministerio Público de la localización de ilícitos y no reportar por escrito sus actividades de manejo técnico, o perderían el empleo.

En documentos en poder de MILENIO, entre ellos la denuncia de hechos de varios trabajadores recibida por la PGR el 24 de marzo de 2017 y entregada por el abogado Jorge García Andriano, que aparentemente no se había tomado en cuenta hasta que el actual gobierno comenzó el combate al huachicol, aparecen otros altos funcionarios de Pemex, incluso regionales, como coacusados de estos ilícitos. La mayoría también son militares pertenecientes a la SSE.

Entre otros señalados e indagados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), que citó a varios denunciantes a ratificar los hechos en los próximos días, están el general de brigada Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, gerente de Seguridad Física de la SSE, y el coronel de infantería Emilio Gosgaya Rodríguez, gerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica.

También están José Carlos Sánchez Echeverría, encargado del departamento de Seguridad Física de Cadereyta, Nuevo León; Arturo Villa Adame, jefe del departamento de Seguridad Física de Tampico, Tamaulipas; Francisco Casas Sánchez, subgerente Región Centro de Salvaguardia Estratégica, y Marcelino Mesinas García, subgerente Región Centro de Salvaguardia Estratégica.

Entre los documentos donde participaron los quejosos está un reporte de tomas clandestinas inhabilitadas en el poliducto Minatitlán-México del 3 al 18 de diciembre de 2015. Fueron 31, todas en el estado de Puebla: 15 en Acatzingo, cuatro en Tecamachalco, cuatro en Quecholac, dos en Palmar de Bravo y seis más sin mayor identificación.

Con fecha de 12 de octubre de 2016, los agentes de Seguridad Física y denunciantes de los ilícitos, Moisés Ángel Merlín Sibaja, Jesús Rivera Arreola y Carlos Cárdenas Alor, informaron a la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Pemex, a la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, a la Gerencia de Seguridad Física, al Departamento de Seguridad Física de Tierra Blanca y a Isaac García Pulido, jefe del Departamento de Seguridad Física de Tierra Blanca, que el 8 de octubre de ese año fueron "abordados por civiles armados en el Municipio de Tierra Blanca, Veracruz" después de checar la toma clandestina ubicada a la altura del kilómetro 228+282 en las inmediaciones del poblado Las Prietas.

Quien se presume era el líder les dijo que "los dejáramos trabajar y que el sol sale para todos y también la muerte, que no nos acercáramos a Las Prietas, que nos abriéramos, a lo que respondimos que era imposible". Les tomaron fotografías y les pidieron un número telefónico, el de Moisés Merlín, a donde se comunicaron para advertir que "dejáramos trabajar a sus muchachos en la tiendita de Las Prietas... que los del cártel eran agresivos y salvajes, que mejor nos abriéramos y dejáramos de trabajar el día, puesto que donde se trabaja chueco se camina derecho".

Los hechos

En la denuncia entregada a la PGR, que incluye fotografías, escritos y oficios, el abogado García Adriano señala hechos "probablemente constitutivos de delito de abuso de autoridad, intimidación, amenazas, encubrimiento como al igual el de discriminación, de los cuales podrían verse inmersos funcionarios de Petróleos Mexicanos al ordenar a los agentes de Seguridad Física del ente jurídico mencionado alterar el lugar, vestigios de las tomas clandestinas que fueren colocadas en los ductos propiedad de Petróleos Mexicanos, esto es, impedir que se averigüe la conducta delictiva cometida por personas ajenas al ente jurídico citado, llegando al grado de intimidar al personal operativo de Seguridad Física con despedirlos".

Ahí se establece que el 26 de enero de 2017 el trabajador Moisés Ángel Merlín Sibaja, como agente de Seguridad Física en la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, solicitó denunciar ante el "Área de Quejas e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Pemex" las instrucciones que le dieron "sus jefes", entre ellos Eduardo León Trauwitz, subdirector de Salvaguardia Estratégica; Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, gerente de Seguridad Física, y Emilio Cosgaya Rodríguez, gerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica, para desmantelar e inhabilitar tomas clandestinas a sabiendas de que era "ilegal e ilícito" por no ser ingeniero petrolero ni estar capacitado.

"Las instrucciones eran verbales y no por escrito... Prohibían al trabajador informara de ello a otras autoridades bajo la amenaza de separarlo del empleo e intimidarlo que de hacerlo, se la haría figurar como un individuo que participaba en el robo de hidrocarburos".

Al trabajador se le entregaban "materiales y herramientas para deshabilitar las tomas clandestinas... aunado a que también le llegaron a ordenar sembrar tomas clandestinas", a lo que se negó. Wenceslao Cárdenas Acuña y Oziel Aldana Portugal, que "trabajan en el área de Inteligencia de Salvaguardia Estratégica" de Pemex, "se lo habían indicado efectuar en el municipio la Encrucijada de Atzitzintla".

El 1 de febrero de 2017, ante la oficialía de partes del Área de Quejas e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Pemex, Moisés Ángel Merlín Sibaja presentó la denuncia y fotografías de las "labores que le ordenaban realizar"

Y además...

Avanza castigo más severo al ilícito

Con 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general y en lo particular con modificaciones el dictamen derivado de la minuta enviada por el Senado, que modifica el artículo 19, para convertir en delito grave el huachicoleo, los delitos electorales y la corrupción.

La comisión dictaminadora subrayó que el robo de combustibles "genera mermas importantes en los ingresos del Estado, afectando su integridad”. 

Se prevé que el dictamen sea discutido y votado por el pleno durante el periodo extraordinario de sesiones que comienza hoy.

​alec

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