Durante los primeros días de junio, la Secretaría de las Mujeres del estado de Morelos confirmó haber iniciado el seguimiento a dos casos de presunta violencia familiar que ganaron notoriedad en redes sociales.
Uno de ellos es el de Paula Fajardo, quien señaló a su exesposo por haber cometido agresiones en su contra durante años en presencia de sus hijos. El otro es el de Daniela, joven que acusó a su padre por hostigamiento y actos de violencia perpetrados contra ella y su madre.
En su denuncia pública, Daniela aseguró que los últimos años habrían estado marcados por una profunda intranquilidad debido a las amenazas de su padre y al hecho de que, presuntamente, habría instalado cámaras y micrófonos para espiarlas en su domicilio. ¿Qué detalles se conocen sobre el caso? En MILENIO te contamos.
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2022: un divorcio y el inicio del asedio
A través de su perfil en redes sociales, Daniela relató que su padre, Jaime 'N', y su madre, Dulce, se divorciaron en 2022. Para ese momento ya había pasado más de una década de que el hombre fuera denunciado por agresiones contra quien fuera su cónyuge.
En el mismo año en que se disolvió el matrimonio, se presentó una nueva denuncia por violencia familiar y delitos sexuales a partir de acontecimientos no especificados. A ello se sumó el hecho de que, según el testimonio, Jaime habría despojado a Dulce de un negocio que ambos compartían y, legalmente, le pertenecía a ella.
"La dejó endeudada, sin trabajo y sin recursos para defenderse legalmente [...] Mi mamá no pudo pagar un abogado y el caso nos prosperó aun con pruebas suficientes", acusó Daniela.
En aquella época, la joven aún mantenía contacto con su progenitor y él, acorde con la denuncia, la intimidó en reiteradas ocasiones diciéndole que las tenía vigiladas. "[Decía] que sabía lo que hablábamos dentro de nuestra casa, con quién nos reuníamos y a dónde íbamos", reveló Daniela.
2024: el hallazgo de cámaras y un localizador
A partir de la advertencia de Jaime 'N', Daniela y Dulce comenzaron a inspeccionar su casa en busca de algún dispositivo. Al cabo de un par de años, en octubre de 2024, durante una revisión en las dos cocinas que hay en el domicilio, encontraron dos cámaras, cada una oculta en una campana extractora.
Tras dicho hallazgo, ambas presentaron una denuncia ante las autoridades y, poco tiempo después, Dulce se percató de que un localizador GPS había sido escondido en su vehículo.
2025: descubrieron que también había micrófonos ocultos
En febrero de 2025, de acuerdo con el relato de Daniela, Jaime contrató a un soldador con la intención de cerrar el acceso a un taller ubicado en el mismo predio. Cuando pudieron ingresar nuevamente a dicho espacio, notaron que había dos perforaciones que conectaban con paredes colindantes de la vivienda.
"Descubrimos que estaban colocadas justo donde había conexiones eléctricas, retiramos los contactos y encontramos dos micrófonos", puntualizó la denunciante.
Aunque Dulce acudió nuevamente ante las autoridades, el caso no prosperó. "Llevamos años viviendo con la sensación de estar siendo observadas dentro de nuestra propia casa. Años sin privacidad, años sin respuestas, años sin protección", lamentó Daniela.
Junio de 2026: la denuncia pública y la respuesta de las autoridades
Daniela expuso la historia de agresiones presuntamente cometidas por su padre el 1 de junio en redes sociales y su denuncia atrajo la atención de miles de personas. En horas posteriores, la secretaria de las Mujeres, Clarisa Manrique, confirmó que la institución había contactado a la joven.
Igualmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) advirtió sobre el inicio de acciones legales para garantizar el acceso a la justicia y el esclarecimiento de los hechos.
"El Centro de Justicia para las Mujeres mantiene contacto con las denunciantes para fortalecer las indagatorias, con la finalidad de sancionar estos hechos y mediante el empoderamiento evitar que se continúe en un círculo de violencia", estableció la Fiscalía en un comunicado.
Anuncian medidas de protección para Daniela
Durante un breve encuentro con medios de comunicación el 3 de junio, Clarisa Manrique manifestó que entre las medidas de protección contempladas para el resguardo de Daniela estaba el despliegue de rondines de vigilancia y la colocación de una pulsera de pánico, dispositivo que permite emitir una alerta inmediata al C5 en caso de alguna amenaza.
Al conversar con la prensa, la funcionaria advirtió que tanto en este caso como en el de Paula Fajardo existen pruebas en contra de los denunciados, por lo que la Secretaría brindaría todo el acompañamiento necesario para evitar el uso de recursos legales, como amparos, para entorpecer los procesos.
"Todas las personas tienen su propio derecho a defenderse, sin embargo nosotras vamos a poner sobre todo la vida de las personas, de las mujeres, que es el bien jurídico tutelado más importante y con eso no se juega. Las evidencias están", fueron las palabras de Manrique.
BM.
