La fiscal general del estado, Manuela García Cázares, confirmó que hay dos personas detenidas por el uso indebido de inteligencia artificial para difundir contenido manipulado, en lo que sería la primera aplicación del nuevo tipo penal aprobado en noviembre de 2025 en San Luis Potosí.
En entrevista, la funcionaria explicó que el expediente ya está ante un juez de control y rechazó versiones sobre una supuesta persecución a periodistas.
"Tenemos por ahí dos personas detenidas, no hay una situación de que nos hayan dicho que hayan sido periodistas y bueno, está todavía ante el juez de Control", declaró.
Primer caso en el estado
Al ser cuestionada sobre el tipo de delito, precisó que es un delito contra la dignidad. Añadió que el caso involucra el uso de herramientas de IA y que, por el momento, no hay más carpetas similares abiertas:
"No, no tenemos otro, ningún otro. Es el único".
La fiscal subrayó que la identidad de la víctima permanece bajo reserva y que el delito, recientemente incorporado al Código Penal, permite que cualquier persona denuncie este tipo de agresiones digitales.
"Bueno, es ahí en los delitos, en un título de los delitos contra la dignidad y es un delito que fue adicionado y bueno, ahí cualquier persona puede denunciar", indicó.
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¿Qué se sabe del caso?
La detención ocurre poco más de seis meses después de que el Congreso de San Luis Potosí aprobara, en noviembre de 2025, tipificar como delito el uso indebido de la Inteligencia Artificial para provocar alarma social, con penas de hasta seis años de prisión.
El caso de las dos personas detenidas, administradoras de páginas de redes sociales, se convierte en el primero que llega ante un juez de Control, por delitos contra la dignidad cometidos mediante inteligencia artificial.
El Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas determinó que no se cuenta con elementos para considerar que la detención de dos personas se haya realizado en el contexto de un ejercicio periodístico.
La instancia informó que, tras una investigación se concluyó que se trata de un conflicto entre particulares relacionado con la presunta comisión de delitos contra la dignidad humana por posible manipulación ilícita de imagen e identidad digital.
El posicionamiento surge luego de la inquietud generada entre integrantes del gremio periodístico y la opinión pública, tras la difusión de notas informativas y videos en redes sociales sobre la detención de las dos periodistas.
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LJ
