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Lunes , 20.05.2019 / 09:48 Hoy

CNDH y Fiscalía difieren por feminicidios en Puebla

El ombudsman reporta que hasta septiembre habían ocurrido 85, mientras que la dependencia estatal asegura que fueron 65 y que en 47 se estableció quiénes eran los responsables.

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A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reporta que hasta septiembre pasado ocurrieron 83 feminicidios en Puebla, la Fiscalía General del estado reporta 65 casos, de los cuales, asegura, en 47 fue identificado el responsable.

No obstante, se desconoce el número de consignados por este delito.

El año pasado se perpetraron 95 asesinatos de mujeres por razones de género, por lo que organizaciones civiles creen que 2017 superará estos registros.

Familiares de víctimas reclaman la impunidad en la resolución de los casos y organizaciones civiles acusan la falta de perspectiva de género en las diligencias.

Ante la falta de registros claros sobre los feminicidios, la Universidad Iberoamericana de Puebla elaboró un informe que revela que en el primer semestre de este año se cometió en promedio un feminicidio cada tercer día.

De acuerdo con el análisis, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la UIA, hasta octubre pasado ocurrieron 92 casos. La mayoría de las víctimas tenía entre 21 y 30 años.

“Por esta falta de prevención, atención y sanción a perpetradores de feminicidios, las cifras se están elevando, se genera un ambiente de tolerancia en el estado a los casos de violencia, incluso de violencia extrema contra las mujeres”, consideró Ana Jetzi Flores, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UIA.

En contraste, de enero a agosto de este año, la Fiscalía estatal inició 36 procesos judiciales por este delito, arrojó una respuesta a una solicitud de información elaborada por el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) AC, de Puebla.

Natalí Hernández, directora del centro dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres, reclamó que la información proporcionada por la Fiscalía estatal no sea oportuna, lo que deriva en diversos registros.

“Los datos reflejan que desde hace mucho tiempo hay una problemática real en el caso de feminicidio en Puebla, y que las autoridades federales y local, incluida la nueva administración estatal, continúan sin saber cómo abordarla. Creemos que los casos que se están registrando en Puebla son suficientes para que sea un estado de emergencia”, advirtió.

No obstante, a un año y nueve meses de que organizaciones de la sociedad civil solicitaran la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVGM) para Puebla, las autoridades locales y federales rechazan activarla y prefieren tratar de cumplir con las recomendaciones que emitió para el estado la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim).

Entre ellas, la realización de un diagnóstico estatal sobre las modalidades de violencia contra las mujeres, un banco de datos de ataques por municipio, y campañas de difusión contra la violencia.

La autoridad estatal considera que no se trata de un asunto alarmante.

“Definitivamente no estamos en una emergencia, creo que siempre habrá áreas de oportunidad. La alerta de género se ha emitido en estados donde después de una evaluación que hace un grupo de expertos independientes no se dan los resultados que se están pretendiendo, ese no es el caso”, aseguró Nadia Navarro, directora del Instituto Poblano de las Mujeres.

Las organizaciones civiles y académicas de la UIA consideran que el gobierno estatal no quiere asumir el “costo político” de la activación de la AVGM por las implicaciones económicas y sociales que representa, pues requerirá de presupuestos definidos.

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Los cuatro años que han pasado tras el asesinato de su hija Araceli Vázquez Barranco, no aminoran el dolor de Amada Barranco. Sobre todo, cuando la frustración la invade por la impunidad que prevalece en el caso, ya que hasta ahora el responsable no ha sido detenido.

El sollozo de Amada se interrumpe con el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina de su modesta casa en Acajete, Puebla. La mujer, trabajadora de limpieza, decora la ofrenda en honor a su Chely, como le decían de cariño a la ingeniera textil, quien tenía 23 años cuando Javier Mauricio Díaz, un albañil y expareja sentimental, la apuñaló en el baño de su hogar.

El 13 de noviembre de 2013, cuando Javier, después de haber terminado la relación y tras acosarla por casi dos meses, regresó por la mañana a la casa de la familia Araceli, lugar en el que le habían brindado total confianza.

“Él sabía los movimientos de esta casa. Entró, fue directo al baño y mientras ella se bañaba la apuñaló, no tenía cómo defenderse mi niña. Solo escuché como un grito ahogado. Fue lo más cobarde”, recuerda.

El agresor fue plenamente identificado. Las autoridades giraron una orden de aprehensión en su contra, pero el proceso para reclamar justicia se convirtió en un viacrucis para Amada, en parte por los malos tratos de las autoridades.

“Me atrevo a decir que ni siquiera le han dado seguimiento a este asunto. Siempre que he ido a Tepeaca me dicen ‘pues búsquelo usted y cuando ya lo tenga ubicado nos llama y vamos por él’. Incluso, una ministerial me decía de manera burlona ‘ah, ¿viene por la muchacha que apuñalaron así?’.

“Todo esto es una desesperación, una impotencia, porque digo ¿no me hacen justicia porque soy pobre?”, reclama.

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El caso de Minerva Calderón Hernández, abogada oriunda de Durango, asesinada por un amigo en Puebla es más reciente, pero hasta ahora el responsable tampoco ha sido detenido.

El 21 de marzo de este año, la joven de 28 años, egresada de la Universidad Iberoamericana, fue asesinada de 70 puñaladas por José Rodrigo Vázquez Barrientos, amigo de una ex pareja de Mine, en su casa en el fraccionamiento San José Vista Hermosa de la capital poblana.

Existen videos en los que el presunto homicida sale con la ropa ensangrentada y un arma punzocortante del inmueble de Minerva.

Según consta en la carpeta 4297/2017/ZC , se giró una orden de aprehensión contra el presunto feminicida, hijo de médicos en la entidad, pero las autoridades no lo han localizado.

Para la familia de Minerva, la exigencia de justicia representa un desgaste debido a los traslados que deben hacer desde Durango, donde habitan.

Su hermano Othoniel Calderón, asegura que no permitirá que el caso de Minerva quede impune.

“Al ser un estado con muchos feminicidios siento que van dejando que se acumule uno tras otro. Llega el momento que yo tengo que hacer más investigación que la policía, yo tengo que invertir dinero, tiempo, pues si la fiscalía lo empieza a relegar yo no voy a dejar que se empolve el caso de mi hermana. Mi hermana no era un número más, yo tenía planes con ella”, reclama el joven.


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