Un Tribunal Federal determinó que Antonio Tarín García, ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de César Duárte Jáquez, debe cubrir una garantía de cinco millones de pesos que le fue impuesta como medida cautelar, en el proceso federal que se le sigue por el delito de peculado por un presunto desvío de 250 millones de pesos.
Al resolver un recurso de apelación, el Tribunal declaró infundados los argumentos de Antonio Tarín, señalado como uno de los principales colaboradores de Duarte Jáquez para desviar recursos.
El fallo confirmó la resolución emitida por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, en la Ciudad de México, el cual llevó a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar, donde modificó la garantía económica de 50 millones a cinco millones de pesos.
Sin embargo, la defensa de Antonio Tarín impugnó porque aseguró que su cliente no podía cubrir el monto, ya que su situación era difícil.
Manifestó que su cliente pasó detenido cinco años, “sin poder retomar su vida laboral” y que existió sobreexposición mediática en medios estatales y nacionales, lo que generó un “efecto corruptor” que no le permitió retomar su vida laboral.
Además, que los cinco años de reclusión generaron una merma económica en su patrimonio, y aunque no trabajó, sí tuvo obligaciones con su familia y defensa, lo que lo llevó a estar imposibilitado totalmente de cualquier cantidad que se le pudiera fijar.
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Incluso, menciona el expediente, que recurrió a otras cuestiones, “que no le daba pena vender comida, pan o hacer una serie de actividades para sacar adelante los gastos de su esposa, su hija y su casa”.
Agregó que incluso era gravoso costear el localizador electrónico, ya que representa un gasto mensual de cerca de 7 mil pesos.
No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) consideró importante mantener la garantía económica, toda vez que si bien no tenía la finalidad de garantizar el pago del monto desviado, la sanción era mínima.
También expuso que el riesgo era alto, en virtud de que el imputado vivía en zona fronteriza, en Chihuahua, muy cerca de El Paso, Texas, y si no exhibía la garantía económica, había un riesgo alto de que se sustrajera del proceso.
Tras revisar los alegatos, el Tribunal Federal determinó que el ex diputado federal no aportó datos de prueba para demostrar que su capacidad económica se ha visto mermada, luego de que detenido en el Centro de Reinserción Social Estatal Número 1 en Aquiles Serdán, Chihuahua.
También consideró que Tarín García goza de capacidad económica y que hay peligro de que se sustraiga de la justicia, motivo por el cual está obligado a cubrir la garantía.
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