La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió 5 recomendaciones por distintos hechos, que van desde abusos de la policía municipal hasta retrasar la investigación de un caso.
Elementos de la policía municipal de Zapopan, así como efectivos de Tlajomulco y del interior del estado, e incluso, la propia Fiscalía de Jalisco fueron apercibidos mediante las recomendaciones del organismo estatal, para vigilar el respeto a los derechos humanos.
Policía de Zapopan torturó a una persona durante un mes
La recomendación 36/2025 va en torno a los abusos que cometieron los policías de Zapopan el 15 de agosto de 2008 cuando una persona fue detenida de manera ilegal y arbitraria por los oficiales, quienes primero lo trasladaron ante un juez municipal y posteriormente, de forma injustificada, a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad del Estado, donde fue víctima de agresiones físicas y psicológicas bajo custodia de los uniformados de la ex Villa Maicera.
El detenido fue sometido a tortura sistemática por elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia. Estos actos se prolongaron por alrededor de un mes.
Como parte de la recomendación, el organismo solicitó al gobierno de Zapopan coordinar la inscripción de la víctima en el Registro Estatal de Atención a Víctimas para garantizar la reparación integral del daño, así como fortalecer la capacitación en derechos humanos del personal policial e integrar esta recomendación en los expedientes administrativos de los elementos responsables.
A la Fiscalía de Jalisco, la CEDHJ pidió medidas similares de atención y reparación, reforzar la formación en derechos humanos, integrar la recomendación en los expedientes laborales de los policías investigadores involucrados, reabrir la carpeta de investigación 28/2018.
¿Qué sucedió en Tlajomulco?
Otra de las recomendaciones emitidas fue por la tortura que sufrió un adolescente de 15 años a manos de elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco en diciembre de 2022.
La investigación confirmó que en su detención y traslado el menor sufrió golpes, asfixia y tratos crueles, inhumanos y degradantes para obtener información, lo que le provocó daños físicos y psicológicos.
Ante estos hechos, el organismo recomendó al Gobierno de Tlajomulco garantizar la reparación integral del daño, brindar atención médica y psicológica a la víctima, sancionar a los responsables, capacitar a policías en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza, y adoptar medidas para evitar la repetición de estos actos.
Asimismo, solicitó a la Fiscalía abrir una investigación penal y registrar a los policías involucrados en la plataforma estatal de servidores públicos con violaciones a derechos humanos.
Por otro lado, la Recomendación 35/2025 señala a la policía de Tonalá por agredir a una persona en una “revisión de rutina” en septiembre de 2024.
La víctima sufrió la pérdida de piezas dentales y fue trasladada a un lote baldío bajo amenazas con armas de fuego y despojo de pertenencias.
También hubo recomendaciones al interior del estado
En cuanto a la Recomendación 37/2025 aborda hechos en Unión de San Antonio, donde policías ingresaron a un domicilio sin orden judicial tras un altercado por una motocicleta estacionada. Durante el incidente, se agredió tanto al propietario como a una persona que intentón videograbar la detención.
Y la última recomendación fue emitida a la Fiscalía por retrasar por casi cuatro años un caso de abuso sexual infantil y violencia familia que sufrieron una niña y un niño.
Esta falta de diligencia impidió el acceso efectivo a la justicia y permitió que el agresor continúe en libertad, por lo que el organismo concluyó que se vulneraron derechos como el acceso a la justicia, la legalidad, la seguridad jurídica y el interés superior de la niñez.
Por ello, se emitió una recomendación a la Fiscalía para garantizar la atención integral y reparación del daño a las víctimas, brindar apoyo psicológico, determinar responsabilidades administrativas, capacitar al personal y asegurar la inscripción de las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas.
Con información de Sonia G. Gamiño y Fátima Briceño
JVO
