Un juez de control vinculó a proceso a Jean Carlo “N”, director de Desarrollo Rural y Comunidades Indígenas del municipio de Tecate, Baja California, y quien es cercano al diputado federal, Mauricio Toledo.
Este hombre fue llevado a proceso por su probable participación en el delito de falsedad ante autoridades, en la investigación por un presunto robo a la Casa Ciudadana del PRD en Coyoacán, registrado en 2016.
En la audiencia de continuación, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal, la cual impuso en primera instancia durante la celebración de la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, misma que fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI).
Además, el juez fijó el plazo de un mes y quince días para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Jean Carlo “N” y Verónica “N”, ex secretaria general del PRD en Coyoacán y que también fue vinculada a proceso por falsedad ante autoridades, posiblemente habrían rendido un falso testimonio en 2016, para incriminar de dicho robo al ex diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, quien se refugió en Canadá al ser perseguido durante la pasada administración.
Ambos imputados, cercanos a Mauricio Toledo, presuntamente manifestaron que la noche del 25 de marzo de 2016, Robles Gómez había ingresado a la Casa Ciudadana del PRD, ubicada en la colonia Ampliación San Francisco Culhuacán, donde habría sacado un arma punzocortante para amenazar a uno de los presentes.
También, posiblemente declararon que Robles Gómez dio la instrucción a otra persona de apoderarse de dos computadoras, tipo laptop y supuestamente los amenazó de que en el exterior de ese domicilio se encontraba otra persona con un arma de fuego.
De acuerdo con lo manifestado por Jean Carlo “N” y Verónica “N”, tras las amenazas, Robles Gómez habría guardado el arma punzocortante y posteriormente abandonó el inmueble.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos acreditaron que los hechos declarados por los hoy imputados no ocurrieron como lo narraron y que posiblemente su intención era incriminar falsamente al ex legislador Manuel Alejandro Robles.
