Ocho años y medio después del inicio de las primeras carpetas de investigación en México por los presuntos sobornos de la constructora Odebrecht, el caso permanece impune.
Aunque hay indagatorias y procesos abiertos que involucran al ex presidente Enrique Peña Nieto, al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, y a otros, la falta de pruebas, los retrasos y las negligencias de las autoridades han frenado la obtención de resultados.
En contraste, en el mismo periodo, otros países de la región que también iniciaron sus investigaciones acumulan triunfos en tribunales.
En Perú hay cuatro ex presidentes condenados; en Ecuador un ex vicepresidente acumula 20 años de cárcel; y en Colombia, Brasil y Panamá se han entregado decenas de millones de dólares en reparaciones.
En México no hay una sola reparación del daño lograda. De hecho, tampoco hay personas detenidas. En su momento, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva en contra de Lozoya y un ex legislador involucrado, pero éstas terminaron siendo revocadas mientras los procesos se estancan.
La semana pasada, un tribunal federal emitió una orden para que la FGR no dé carpetazo a un caso que involucra a un ex socio de la compañía.
En diciembre de 2016, directivos de la constructora Odebrecht confesaron bajo juramento en un tribunal de los Estados Unidos que habían pagado sobornos en México a un alto funcionario de Pemex a cambio de la obtención de contratos a nivel federal, declaraciones que luego ampliarían en interrogatorios posteriores ante fiscales brasileños.
Como los directivos de la empresa detallaron que los pagos en México formaron parte de una operación estructurada y recurrente —que también se replicó en múltiples países del continente y de la que dieron montos y nombres—, esa confesión fue el detonante de una ofensiva judicial en múltiples países.
La inconclusa ofensiva vs Lozoya
Fiscales de la FGR confirmaron a MILENIO que actualmente hay dos procesos penales abiertos ante juzgados federales en contra de ex servidores públicos, como resultado de las investigaciones iniciadas por los presuntos hechos de corrupción impulsados con dinero de Odebrecht. Sin embargo, en ninguno de esos procesos hay personas detenidas ni los casos han llegado a juicio.
El primer caso data de enero de 2017, cuando la entonces PGR abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/IGI-CDMX/0000117/2017 por las declaraciones que los directivos de Odebrecht dieron en Estados Unidos, en las que aseguraron que habían pagado millonarios sobornos a funcionarios de la principal empresa petrolera del Estado mexicano a cambio de ventajas en contratos.
Aunque se tomaron algunas declaraciones y se pidieron asistencias a nivel internacional para recabar testimonios, el caso avanzó poco en 2017 y 2018, años que aun correspondían al mismo sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, que era el mismo señalado de haber favorecido a la constructora brasileña.
En 2019, con el cambio de gobierno, el caso tuvo avances importantes. En junio la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en contra de Emilio Lozoya por lavado de dinero que se sumó a la carpeta iniciada y con ello el caso fue presentado ante un juez.
La FGR obtuvo órdenes de aprehensión en contra el ex funcionario, su esposa, su madre y su hermana por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.
En 2020, Lozoya fue detenido y extraditado desde España y se inició formalmente el proceso en México bajo la acusación de haberse enriquecido con recursos que Odebrecht le transfirió a través de una serie de empresas fantasma en el extranjero.
Lozoya prometió que cooperaría con las autoridades denunciando a otros que se habían beneficiado a cambio de un criterio de oportunidad. De parte de la FGR, recibió ventajas como el no solicitar en su contra la prisión preventiva.
Sin embargo, el proceso volvió a estancarse. Aunque la FGR inició nuevas indagatorias con la denuncia de Lozoya en contra del ex presidente Peña Nieto y otros, la falta de pruebas y de testigos afectaron los expedientes.
De última hora, el gobierno decidió desistirse de un acuerdo que el Consejo de Administración de Pemex había aprobado en marzo de 2022 para que Lozoya pagara diez millones de dólares por concepto de reparación de daño. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que le parecía un monto muy bajo.
Lozoya fue ingresado a prisión luego de ser fotografiado en un restaurante de lujo de Ciudad de México, aunque dos años después un juez federal le retiró dicha medida cautelar y volvió a salir de prisión.
El gobierno intentó que Lozoya pagara una cantidad superior a los diez millones de dólares pactados previamente pero su defensa acusó que se trataba de una extorsión y ya no hubo arreglo.
A principios de 2024, la FGR presentó la acusación formal en contra de Lozoya y solicitó que el caso avanzara a juicio, que fuera declarado culpable y se le impusiera un pena superior a los 35 años de prisión por todos los delitos. Sin embargo, recursos promovidos por su defensa han impedido que, hasta ahora, se programe una fecha para el arranque del juicio.
Además, en el último año y medio la defensa de Lozoya ha sido exitosa al desestimar pruebas importantes con las que la FGR, Pemex y la UIF pretenden ir a juicio.
Por ejemplo, en julio de 2024 logró que un tribunal federal anulara de forma definitiva las pruebas bancarias con las que se pretenden sustentar las transacciones con las empresas fachada tras concluir que los fiscales fueron negligentes en solicitar a un juez autorización para obtener dicha evidencia.
El caso "olvidado" vs Enrique Peña Nieto
En una ruta paralela al proceso contra Lozoya, en 2020 la FGR abrió formalmente la carpeta de investigación número FGR/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020 por la presunta existencia de una sociedad delictiva, a través de la cual se habrían triangulado recursos de Odebrecht para sobornar legisladores con la finalidad de que se aprobaran reformas estructurales.
Según Lozoya, el presidente Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, habían liderado esta operación.
En octubre de 2020, la FGR intentó obtener una orden de aprehensión en contra de Videgaray relacionada con este caso por delitos de corrupción y traición a la patria, pero un juez consideró que los elementos no eran suficientes y pidió diversas precisiones.
La FGR cambió de estrategia y en abril de 2021 decidió proceder en contra del entonces ex senador federal del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, uno de los supuestos beneficiados con los recursos de Odebrecht. Para ello, solicitó una audiencia ante el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia.
En ducha audiencia los fiscales de la FGR, Kristian Jiménez Hernández, María Luisa Zúñiga, Jaime Arellano y Manuel Granados expusieron que las investigaciones iniciales habían revelado la existencia de una asociación delictiva liderada por el ex presidente Enrique Peña Nieto, y de la que también formaban parte Videgaray, Lavalle Maury, y otros legisladores como Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servín y Salvador Vega Casillas.
Tras analizar los datos de prueba enunciados por los fiscales, el juez federal dio por válida la hipótesis relacionada con la existencia de este grupo delictivo del que Lavalle era parte, y ordenó que fuera vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.
Sin embargo, pese a dicha victoria en la audiencia inicial y a la validación de su teoría del caso, la FGR no ha procedido en contra de los otros integrantes de dicha "sociedad delictiva", entre ellos el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Los fiscales consultados por MILENIO indicaron que ello obedece a una estrategia procesal que continúa hasta la fecha, y rechazaron que el caso esté archivado y olvidado.
Cabe señalar que Lavalle permaneció en prisión preventiva por este proceso pero, transcurridos dos años, la medida fue modificada. Y aunque el proceso en su contra sigue en curso, el ex panista labora dentro del gabinete de la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores.
Fuentes de la defensa de Lavalle confirmaron a este diario que el proceso penal sigue abierto, pero se encuentra en una fase de posible reapertura de la etapa de investigación complementaria para la incorporación de una información bancaria faltante.
Claroscuros continentales
Además de los casos referidos, la FGR tiene algunas indagatorias particulares vinculadas con esta trama sin mayores resultados. Un ejemplo es la carpeta iniciada en contra del señor Juan Carlos Tapia Vargas, un empresario vinculado con operaciones de Odebrecht y cuya empresa habría intervenido en los supuestos pagos de soborno.
Un tribunal federal le ordenó recientemente a la fiscalía apresurar dicha indagatoria luego de que los fiscales le habían dado carpetazo el caso.
El contexto de las indagatorias en México contrasta con los resultados que se han alcanzado en otros países de la región que también iniciaron investigaciones luego de las confesiones hechas por los directivos de Odebrecht en los Estados Unidos.
Uno de los ejemplos más adelantados es el de Perú. A partir de los antecedentes de indagatorias en Estados Unidos y Brasil, pero sobre todo, de sus propias investigaciones, los fiscales han presentado cargos en contra de 250 personas vinculadas con los hechos delictivos, y acumulan procesos en contra de cuatro ex presidentes.
Uno de ellos es el ex presidente peruano, Alejandro Toledo, ya fue sentenciado a 20 años de prisión, mientras que en abril de este año otro ex mandatario, Ollanta Humala, fue condenado a 15 años. Alan García, otro ex presidente peruano investigado, prefirió suicidarse antes de ser capturado.
En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glas fue procesado por los fiscales cuando todavía se encontraba en funciones. A la condena original se le sumó una de 13 años impuesta este año por nuevos cargos de corrupción.
En Panamá, se encuentra en marcha un megaproceso judicial que involucra a dos ex mandatarios del país; mientras que en Colombia se han obtenido condenas en contra de al menos cinco ex servidores públicos de mandos medios y altos por su participación en el caso.
Brasil fue el país pionero en las investigaciones relacionadas con los sobornos de Odebrecht. Además de las condenas dictadas en contra de ex directivos de la empresa y de figuras del primer nivel político (más de 285 sentenciados de todos los niveles), sus pruebas han sido retomadas por fiscalías de otros países para impulsar indagatorias regionales.
No obstante, en los últimos años varios de los procesos ganados han sufrido reveses debido a irregularidades en los procesos de integración de evidencia y posibles abusos de autoridad.
A diferencia de los casos anteriores, México y Venezuela son los únicos países sin juicios en marcha ni sentencias en contra de funcionarios de nivel alguno. Tampoco se ha recuperado un centavo.
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ksh
