La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las investigaciones que se iniciaron por las denuncias presentadas en 2006 por ejidatarios de San Salvador Atenco, Estado de México, donde se acusaron actos de tortura, deben continuar siendo indagadas, porque este tipo de asuntos no prescriben.
La sala avaló el proyecto de sentencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien confirmó la interpretación que hizo un tribunal colegiado sobre el tema.
En el proyecto se menciona que “tratándose de delitos como el de tortura, la grave violación de derechos humanos que implica, hace la diferencia con otro tipo de ilícitos que no alcancen ese carácter, y por tanto, excepciona los plazos fijados al Ministerio Público, a fin de que perfeccione la acción penal.
“Pues de otra manera, se contravendría su carácter de imprescriptibilidad que ya decretó esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente a efecto de que se investiguen y sancionen las graves violaciones a derechos humanos que representa”.
Lo anterior derivó de un amparo interpuesto por el policía Baltazar Nateras Nava, acusado de tortura sexual, quien en primera instancia obtuvo un amparo por parte de un juez federal, lo que le permitió estar en libertad, no obstante, un tribunal colegiado no compartió esta decisión.
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