En febrero de 2024, Hermanas Aliadas paralizó por completo el tránsito en Periférico Norte durante 13 horas; la razón: el caso de una menor a quien la justicia le había dado la espalda.
Ese día, el colectivo, lejos de recibir odio por colapsar la vialidad más importante en el norponiente del Valle de México, logró que muchos empatizaran con la causa. Aunque no recibieron una respuesta inmediata, el dictamen se modificó y el mismo juez que dictó la absolución emitió la sentencia condenatoria contra Alejandro Mazatan Sahagun.
En una audiencia celebrada el 18 de agosto, el abusador sexual fue condenado a pasar 13 años y tres meses en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla; además, será obligado a tomar durante un año terapia psicológica.
A cuatro años de los hechos, el caso demuestra una falla en la justicia para las infancias, cuyos casos no avanzan si no hay una movilización social que los presione para garantizar su derecho a la protección.
“Hubo muchos momentos en que pedimos ayuda (…) Desafortunadamente, si no se visibilizan los casos, si no llegan a ser mediáticos, para la sociedad no existen; para las autoridades son uno más”, declaró Shainne Pie, directora de Hermanas Aliadas.
El video y la protesta que movieron la empatía de la sociedad
El 15 de febrero de 2024, la sala de juicios orales de Barrientos fue testigo de la confrontación entre el juez Manuel Alejandro Martínez Vitela y la madre de una niña víctima de abuso sexual, la cual se registró después de que absolviera de los cargos al agresor, quien es tío paterno de la víctima.
El juez indicó que no había suficientes pruebas que lo condenaran. La madre lo señaló por no creer en la declaración de su hija, a lo que la autoridad respondió: “Desde luego que le creí en el tema del tocamiento; su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día, el horario.
"¿En dónde están los derechos de la víctima, en dónde está la protección, en dónde están? ¿Por qué la niña no supo la dirección?, ¿Por qué la niña no supo con exactitud el horario?”, cuestionó la madre de la víctima.
La madre de la víctima explicó que a su corta edad no podría relatar los hechos con exactitud; sin embargo, existían dictámenes que corroboraban el tocamiento y, desde la agresión—26 de febrero de 2022—, la pequeña había sido sometida a terapias psicológicas y pruebas de peritajes.
“En su momento le falló a esa chiquita, le falló a todas las mujeres y a todas las personas que creíamos en él”, dijo Shainne sobre el juez, con quien ya habían llevado otros casos.
El Poder Judicial también se pronunció por el caso y afirmó que las pruebas no permitían reconstruir cada uno de los hechos y circunstancias aseverados. No obstante, indicaron que se podía apelar y que tomarían el asunto con responsabilidad y seriedad.
Ante la impotencia de ver al agresor sexual suelto, las Hermanas Aliadas publicaron el video de la audiencia, donde se muestra a una madre desesperada por justicia y, para reforzarlo, convocaron a una protesta en el Periférico Norte.
Frente al Parque Naucalli, la protesta inició al mediodía del 27 de febrero de 2024, colapsando por 13 horas la vialidad. En entrevista para MILENIO, las integrantes del colectivo declararon que, a pesar de tener miedo, continuaron firmemente con la manifestación. Ese día consiguieron la empatía de mucha gente, quienes incluso bajaron de sus autos para sumarse a la exigencia de justicia por la menor.
Dos días después, el caso llegó a La Mañanera, donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador criticó al juez y la mentalidad de los integrantes del Poder Judicial. Asimismo, la asociación feminista fue invitada al Senado de la República para exponer la problemática.
Las fallas en el sistema: pruebas desaparecidas
Antes de que el caso se hiciera mediático, Shainne Pie pidió ayuda para la pequeña a la asociación No es una, somos todas, fundada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.
En ese entonces, Shaine trabajaba para el colectivo como coordinadora del Estado de México; sin embargo, cuando solicitó el apoyo con el equipo de la política, se topó con pared.
La investigación por abuso sexual fue designada a la Fiscalía de Género, institución de la cual el colectivo expresa decepción, ya que por dos años no hubo avances, la carpeta no tenía un orden y desaparecieron algunos documentos que la integraban.
“Para nosotros hubo muchísima corrupción, hubo negligencia, hubo también tráfico de influencias. No era congruente la situación que estaba sucediendo, el hecho con lo que estaba pasando afuera”, dijo.
“Esto sí tiene que ser un precedente. Nosotras tenemos en Aliadas cifras que los delitos contra menores son los menos denunciados; de hecho, el abuso sexual infantil es el delito menos denunciado, por lo tanto, es uno de los delitos que menos llegan a hacerse justicia. Obviamente, al no existir una denuncia, no existe un hecho, no existe un delito que perseguir, y pues los abusadores, los pedófilos, andan libres por ahí”, refirió.
Después de la viralización del video, el caso de la infante pasó a la Fiscalía de Investigación y Litigación, y el equipo de la maestra Elvira Salgado, actual directora de jurídico de la FGJEM, junto con el equipo legal de Hermanas Liadas, logró conseguir las pruebas para que el proceso legal contra Alejandro continuara y se emitiera el fallo condenatorio.
La culpabilidad fue determinada a partir de un análisis de dos jueces y tres magistradas, quienes le escribieron una carta a la pequeña por enfrentar tan valientemente el proceso, la cual decía que "ellas sí le creían, que por esto él iba a tener un castigo porque las personas malas tienen que ser castigadas para que no vuelvan a cometer un delito así”.
Cuando las magistradas lo citaron nuevamente en noviembre de 2025 para cambiar su medida de libertad condicional, Alejandro se dio a la fuga.
La fuga que confirmó la sentencia
La Fiscalía obtuvo de un juez una orden de aprehensión, alertando a la Policía de los 32 estados sobre su escape. En Querétaro, las autoridades lo identificaron dentro de un vehículo junto con su familia, y aunque dio otro nombre para evitar la detención, al final se logró cumplir el mandato judicial.
Alejandro fue trasladado al penal de Barrientos y el 18 de agosto de 2026 se llevó a cabo la audiencia de culpabilidad y sentencia, donde el juez Manuel Alejandro Martínez Vitela le dictó 13 años y tres meses de prisión; además, le impuso un año de terapia psicológica.
Se reveló que el agresor sexual escribió un libro que se vendió como un derecho de réplica que supuestamente le negaron, donde no solo negó el abuso contra la infancia, sino que también acusó a la madre de crear falsamente el delito como venganza por su divorcio, afirmando que junto con el colectivo le destruyeron la vida.
Al respecto, la directora de Hermanas Aliadas indicó que se procederá legalmente contra el autor del libro debido a que se utilizaron sus nombres sin su consentimiento.
La sentencia no fue la que el equipo de la defensa de la menor hubiera querido, ya que actualmente el delito de abuso sexual contra menores se castiga con hasta 15 años de prisión, pero debido a que este ocurrió hace cuatro años, deben proceder con lo que marcaba la ley de ese tiempo.
Aun así, el cierre de esta parte del proceso judicial servirá para que la pequeña pueda sanar el trauma de la mano de psicólogos y de una comunidad que creyó en su declaración y logró que la justicia cayera por su propio peso.
PNMO
