En el año y medio que lleva el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se ha ordenado la aprehensión y auto de formal prisión de siete funcionarios y ex funcionarios públicos, entre ellos tres ex gobernadores y cuatro alcaldes, por diversos delitos como vínculos con el crimen organizado, secuestro, extorsión y enriquecimiento ilícito.
Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes
El ex panista Reynoso Femat, quien fue gobernador de 2004 a 2010, fue detenido por los delitos de peculado y compra-venta ilegal de terrenos que ascendían a 26 millones de pesos. Fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Aguascalientes.
Fernando González de Luna, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, fijó una fianza de 30 millones de pesos contra el ex gobernador, la cual el acusado se ha negado a pagar por considerarla excesiva.
El ex funcionario ya había enfrentado dos órdenes de aprehensión en 2013 por parte de la Procuraduría General de Aguascalientes y la Procuraduría General de la República, ambas por enriquecimiento ilícito, pero se libró de ellas al promover un amparo y pagar una fianza de 9.67 millones de pesos.
Jesús Reyna García, ex gobernador interino y secretario de Gobierno de Michoacán
Reyna fue detenido el 4 de abril por la PGR por supuestos vínculos con ‘Los Caballeros Templarios’. Posteriormente se ordenó un arraigo de 40 días, el cual está por concluir en diez. Sin embargo, la PGR ha buscado su consignación y auto de formal prisión para ser trasladado a una prisión de la Ciudad de México.
Reyna García fue separado de su cargo como secretario de Gobierno en la administración a cargo de de Fausto Vallejo, a quien sustituyó por 90 días mientras se encontraba delicado de salud. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada investiga sus cuentas bancarias.
Andrés Granier Melo, ex gobernador de Tabasco
En junio de 2013, Andrés Granier Melo se entregó voluntariamente al arraigo que ordenó la PGR debido a la investigación por mal uso de recursos públicos que había en su contra. En julio se giró la orden de aprehensión por lavado de dinero, defraudación fiscal y desvío de recursos por 196 millones de pesos del sector salud del estado.
Se le dictó auto de formal prisión en diciembre del año pasado y actualmente está preso en la Torre Médica del penal de Tepepan, debido a que sufre afecciones cardiacas.
Arquímides Oseguera Solorio, alcalde de Lázaro Cárdenas, Michoacán
El 28 de abril pasado la PGR lo detuvo por supuestos nexos con el crimen organizado y se le añadieron los delitos de extorsión y secuestro. El sábado pasado se le dictó auto de formal después de que el juzgado penal de Lázaro Cárdenas lo hallara culpable de los cargos que se le imputaban. Actualmente está recluido en el penal de Mil Cumbres.
Uriel Chávez Mendoza, alcalde de Apatzingán, Michoacán
El político priista fue separado de su cargo el pasado 15 de abril, luego de ser arrestado por la PGR por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Cuatro días después, un juez de Michoacán ordenó su formal prisión al encontrarlo culpable de extorsionar a regidores de su municipio para dar una cuota mensual a ‘Los Caballeros Templarios’. Después de la orden judicial, fue consignado al penal de Mil Cumbres.
Noé Octavio Aburto Inclán, alcalde de Tacámbaro, Michoacán
La Procuraduría General de Justicia del Estado ordenó su captura el 15 de abril pasado, el mismo día que al entonces alcalde de Apatzingán, por el delito de peculado, luego de que se comprobó que utilizó maquinaria pesada con un valor de dos millones de pesos para su beneficio.
Aunque se le dictó formal prisión por parte de un juez, el edil panista se amparó para poder seguir su proceso en libertad y pagó una fianza cuyo monto se desconoce.
El 4 de mayo, pidió una licencia de 60 días para continuar con proceso penal.
Feliciano Álvarez Mesino, ex alcalde de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Detenido por la PGR el 9 de abril pasado, se le imputan al menos 19 secuestros y formar parte de una organización delictiva que operaba en el Estado de México, Guerrero y Michoacán.
La captura del ahora ex alcalde se efectuó en el municipio de Iguala, Guerrero, y fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 3 Noroeste en Matamoros, Tamaulipas. El 17 de abril se le dictó auto de formal prisión.
