Un grupo de abogadas que hace menos de un mes asumió la defensa de Brenda Quevedo Cruz, procesada desde hace casi dos décadas por el secuestro del empresario Hugo Alberto Wallace, presentó diversos amparos con los que buscan que el proceso llegue a un desenlace, que se reconozcan las violaciones a sus derechos humanos y que la mujer sea absuelta.
Las litigantes, entre las que se encuentra la abogada Karla Micheel Salas, quien entre otras cosas logró la reapertura del caso Digna Ochoa y la condena a nivel internacional en contra de México por las graves irregularidades en el caso, ya presentaron dos demandas de amparo y alistan otras acciones para forzar el cierre de este iniciado desde que estaba en marcha el viejo sistema penal.
“Uno de los amparos que presentamos es precisamente porque no se ha dictado una sentencia en este caso desde hace muchos (violación al derecho de acceso a la justicia); y otro concepto es por la negativa del cierre de la instrucción (fase de análisis de las pruebas)”, señaló la abogada, quien añadió que en los siguientes días presentarán varias demandas más.
Aunque en 2024 Quevedo Ortiz consiguió que se le modificara la medida cautelar de prisión preventiva que la mantuvo presa más de 17 años, hasta la fecha sigue bajo prisión domiciliaria, con un brazalete electrónico, y bajo fuerte resguardo de la Guardia Nacional. Todo ello porque el caso no ha tenido una solución de fondo.
“El 24 de junio de 2024 se le cambió la medida cautelar, pero sigue en condiciones realmente complicadas. Han sido dos años terribles. Ella no puede salir de su departamento ni para temas de salud. Es una pesadilla. El otro día tuvo una emergencia médica y los guardias solo llamaron una ambulancia por un sangrado fuerte, pero no pudieron trasladarla al hospital de urgencia porque no estaban los papeles listos”, añadió la abogada en entrevista con MILENIO.
Quevedo es acusada por la Fiscalía General de la República (antes PGR) de haber participado en el secuestro de Hugo Alberto Wallace en julio de 2005. Las investigaciones, impulsadas en buena medida por la madre de la víctima Isabel Miranda de Wallace, llevaron a la detención de varios de los supuestos implicados, entre ellas Benda Quevedo.
Quevedo fue detenida en Estados Unidos y extraditada a México. Desde abril de 2014, el juzgado a cargo del proceso determinó agotado el periodo de instrucción o de análisis de las pruebas; sin embargo, hasta la fecha el proceso no ha avanzado hacia la siguiente etapa.
Largo y tortuoso caso
El proceso en contra de Brenda Quevedo se ha visto afectado y dilatado no sólo por los recursos que las partes han presentado en favor de sus intereses, sino también por las denuncias de irregularidades y violaciones graves a derechos humanos de parte de las autoridades.
Em 2023 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación en donde se reconoció que Quevedo fue víctima de violaciones al debido proceso y a sus garantías individuales. Se estableció, entre otras cosas, que fue blanco de tortura física y sexual. En 2025, la misma CNDH emitió otra recomendación en la que se reconocieron violaciones a derechos humanos de sus familiares.
En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU determinó que Quevedo había sido objeto de un amplio e injustificado encarcelamiento en el que se habían violado sus derechos.
En junio de 2025 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Juana Hilda González Lomelí, coacusada junto con Brenda Quevedo en el mismo caso, tras determinar que el caso estaba viciado de origen debido a los malos tratos y tortura en contra de la entonces imputada.
El proyecto del entonces ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, destacó que González Lomelí, al igual que los otros coacusados, fueron objeto de una estigmatización pública e ilegal debido a su exhibición como culpables los medios de comunicación, en buena medida por la campaña que impulsó, con apoyo gubernamental, la hoy fallecida Isabel Miranda.
La abogada Micheel Salas subrayó que en el caso de Benda Quevedo, como en el resto de los acusados, el respeto al debido proceso ha sido inexistente casi desde el inicio, y dijo que es vergonzoso que hasta la fecha el caso no haya llegado por lo menos a la sentencia, cualquiera que esta sea.
Destacó que este es un caso donde las violaciones a los derechos humanos no solo deberían ser competencia de la parte acusadora, en este caos la FGR, sino también de la propia Secretaría de Gobernación pues se trata de una situación donde ya se ha determinado que el Estado mexicano, y no solo un fiscal, actuaron de forma irregular.
Sale defensoría entran ONG
En los últimos cinco años la representación legal de Brenda Quevedo estuvo a cargo del Instituto Federal de la Defensoría Pública que, particularmente en el periodo de la presidencia de Arturo Zaldivar en la SCJN, llevó a cabo un trabajo intenso de representación. Los procesados por el caso Wallace se convirtieron en una de las prioridades de aquel periodo.
Sin embargo, tras la transformación que el Poder Judicial federal experimentó desde el año pasado y que incluyó la integración de un nuevo pleno de ministros en la Corte y una nueva presidencia, diversas organizaciones concluyeron que era necesaria una nueva estrategia de defensa encaminada a la resolución de fondo del caso.
En ese contexto, la defensa de Quevedo fue asumida formalmente por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social —del que forma parte la abogada Miicheel Salas— en conjunto con la clínica penal contra violaciones graves a derechos humanos del ITAM; la Red de abogadas “Digna Ochoa”; Clínica “Minerva Calderoón” de la Ibero Puebla; entre otros.
Este lunes, aproximadamente a las 11:00 horas, las organizaciones darán una conferencia de prensa en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para dar a conocer con detalle la nueva estrategia de defensa en torno al caso Brenda Quevedo.
ROA
