Un juez federal puso contra las cuerdas a Banobras porque debe determinar si invalida el contrato otorgado a Caminos y Puentes Federales (Capufe), el cual le permite la administración de tramos carreteros.
Durante un año, Capufe omitió depositar aproximadamente mil millones de pesos al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), recursos que se acumularon y que debían ser ingresados mensualmente por el cobro de peaje y telepeaje en las carreteras del país.
El asunto llegó al juzgado porque la asociación Mexicanos Contra la Corrupción, a través de su brazo jurídico Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, demandó que se rescindiera el contrato a Caminos y Puentes Federales por la mala administración de los recursos, situación que pudo afectar las arcas públicas estatales.
Fernando Silva García, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, reconoció que la asociación tiene interés legítimo para demandar que Banobras ordene abolir el citado contrato, por el mal manejo de recursos públicos. Por ese motivo, concedió el amparo.
El asunto aún puede ser impugnado por Banobras en una segunda instancia, interponiendo un recurso de revisión contra el fallo que consta en el juicio de amparo 1311/2016.
El juez Silva García ha tenido en sus manos asuntos de gran impacto; por ejemplo, ha ordenado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) restituir el monto íntegro y total de los ahorros que depositaron cuatro personas en la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea; exhibió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por incurrir en omisiones para evitar y erradicar el abuso, maltrato y acoso sexual entre alumnos en planteles escolares; y tuvo en sus manos el caso de la Línea 7 del Metrobús.
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