El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, dio a conocer que su audiencia, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) buscará imputarle el delito de ejercicio ilícito del servicio público por el incendio en estación migratoria, fue aplazada para el próximo martes
Al salir del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, el director del INM aseguró que está dispuesto a trabajar con las autoridades para que tengan absolutamente todos los elementos que permitan llegar a la verdad, en pro de las víctimas.
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“Aquí estaré y también informarles que se acaba de diferir la audiencia para el martes y eso también me impide alguna declaración adicional, pero quiero yo presentarles para que les informe mi abogado defensor”, dijo.
Indicó que desde que llegó a Ciudad Juárez el día 28 de marzo, horas después del acontecimiento, su objetivo fue atender a las víctimas, asistir a los hospitales, apoyar a los servicios médicos así como en el traslado de los afectados.
También, dijo que se enfocaron en trasladar los cuerpos a los países origen, atender a los familiares de las víctimas, otorgándoles visas o documentos para que pudieran viajar para ver a sus familiares.
De acuerdo con el Código Penal Federal, en su artículo 214, la modalidad del delito que se le imputa al comisionado del INM tiene una pena de dos a siete años de prisión y de 30 a 150 días multa, por lo que no amerita prisión preventiva; sin embargo, el Ministerio Público de la Federación podría solicitar esta medida cautelar al juez.
En su argumentación, los representantes de la FGR denunciaron que el funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM), segundo de más alto rango después del comisionado, Francisco Garduño, nunca supervisó las condiciones en que se encontraba dicho centro de detención, a pesar de que tenía conocimiento de cómo se encontraba.
“Incumplió con su deber de garante. Fue omiso porque dichas personas no recibieron un trato digno”, sostuvo la agente del Ministerio Público de la Federación, Brisa Tufiño.
“La falta de supervisión propició la muerte de 40 personas”, abundó al formular la imputación en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez.
De igual forma, los representantes de la FGR reprocharon que el funcionario del
INM no realizara ninguna visita de supervisión a dicha estación migratoria, a pesar de que era una de sus obligaciones.
“Tan era conocedor el señor Antonio de las consecuencias que él mismo emitía la difusión de los oficios de los protocolos”, subrayó Marisol Montero, agente del Ministerio Público de la Federación.
“Los protocolos estaban, lo que no hubo fue supervisión”, añadió.
Luego de cinco horas de su comparecencia, la defensa legal del funcionario de Migración solicitó que su situación jurídica se resolviera conforme al plazo constitucional de 144 horas
LP
