El juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, aseguró que el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria para la ex secretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, no era viable al explicar que no daba seguridad de que se sometiera al proceso penal en su contra y la resolución de amparo no implicaba la modificación a alguna otra medida cautelar.
Durante la audiencia, el juzgador indicó que se dedicaría a acatar la resolución dictada por Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, pero aclaró que esta no especificaba “que se haya anulado la prisión preventiva ni que se deje en libertad a la acusada”.
Expuso que existía el riesgo de sustracción a la justicia por parte de la ex funcionaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que el cambio de medida cautelar a la prisión domiciliaria, si bien era idóneo, no era viable porque la defensa no había mostrado datos de prueba que demostraron la seguridad del domicilio de la imputada, ubicado en la alcaldía Coyoacán, que garantizaran que se sometiera al proceso.
“No resulta viable sustituir, cambiar la prisión preventiva al resguardo domiciliario, considerando el resguardo domiciliario idóneo, no es viable. La defensa no dio datos de prueba para vencer el argumento de seguridad en el domicilio para asegurar la presencia en el proceso”.
Explicó que al acatar la resolución de amparo dejó insubsistente los argumentos de las facilidades para sustraerse de la justicia, así como las capacidades económicas
No obstante, el juzgador explicó que si bien la defensa de la ex secretaria de Sedesol logró demostrar que contaba con domicilio y asiento familiar en la Ciudad de México, tenia un mayor número de condiciones en contra para cambiar la medida cautelar.
Detalló que estos puntos negativos consisten en la contradicción de la misma imputada y su defensa sobre la finalidad de un viaje internacional realizado previo a la audiencia inicial, afirmar tener un sólo domicilio cuando contaba con tres predios, así como el riesgo de sustraerse de la justicia por la posible pena a imponerle en su contra.
Aunado a esto, el juez también consideró como un acto de “mal comportamiento” el que la defensa rechazó la existencia de un oficio en la carpeta de investigación en el que se menciona una segunda licencia de conducir, el cual se comprobó que sí obraba en el expediente.
JLMR
