La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional los artículos 16 y 17 de la Ley de Trata de Personas que castigan de 15 a 30 años de prisión a las personas que almacenen pornografía infantil.
El fallo derivó de un amparo que promovió una persona encarcelada en Tijuana, Baja California, quien distribuía videos que contenían imágenes de menores de edad en actitudes lascivas, además de que tenía en su poder conversaciones que grabó con adolescentes, entre 2007 y 2013, en la que hacía referencia a temas sexuales.
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El demandante, a quien se le negó la protección de la justicia, argumentó que nunca distribuyó los videos de los menores.
Sin embargo, la Sala señaló que el delito de trata de personas sí se configura cuando alguien almacena imágenes para sí o para un tercero sin fines de comercialización o distribución.
El artículo 16 de la mencionada ley establece una pena de 15 a 30 años de prisión, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los materiales resultantes, al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de 18 años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, entre otros.
Mientras que el artículo 17 señala una pena de cinco a 15 años de prisión y de mil a 20 mil días de multa al que almacene, adquiera o arriende para sí o para un tercero, el material a que se refiere el artículo anterior, sin fines de comercialización o distribución.
Gutiérrez Ortiz Mena subrayó que la palabra “almacene” no provoca confusión ni violenta el principio de legalidad.
nerc
