Esta tarde, el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli informó que, derivado de un video que circula en redes sociales donde una joven es subida por la fuerza a una camioneta Ford blanca tipo pick-up con códigos rojos y azules en las inmediaciones del fraccionamiento Hacienda del Parque, personal de Seguridad Ciudadana acudió a verificar lo ocurrido, destacando que se trató del cumplimiento de una orden de aprehensión y no de un secuestro.
En el material difundido se observa cómo cuatro hombres descienden de una camioneta blanca sin placas y, usando la fuerza, levantan del piso a una joven para subirla a la unidad que mantenía luces de emergencia encendidas. El hecho fue grabado por un vecino, quien alertó a un policía auxiliar sobre la falta de matrícula del vehículo y la extrema violencia empleada.
A través de un comunicado, la Dirección General de Seguridad Ciudadana informó que, en atención al reporte emitido por el sistema C4, se llevó a cabo la verificación operativa. Tras establecer comunicación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se corroboró la legalidad del acto judicial.
Los hechos se registraron alrededor de las 11:50 horas sobre la avenida de la Hacienda Sierra Vieja. Elementos municipales se entrevistaron con un guardia de seguridad de un centro comercial cercano, quien proporcionó material videográfico donde se observa el momento en que la mujer es abordada por individuos con vestimenta similar a corporaciones policiales.
"Tras la revisión de la información y la coordinación con las instancias correspondientes, se confirmó que dicha acción no se trató de un secuestro o privación ilegal de la libertad, sino del cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la autoridad competente", agregó el informe oficial.
Cuautitlán Izcalli es uno de los 11 municipios del Estado de México que cuenta con doble Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM): una por feminicidio y otra por desaparición. No obstante, en enero de 2026, el gobierno local reportó una reducción del 100% en denuncias formales, aunque se mantienen protocolos activos con la participación de la Policía de Género y células de búsqueda de personas.
