El Programa de Decomiso de Activos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) opera como una herramienta estratégica para desmantelar organizaciones criminales, cárteles transnacionales del narcotráfico y redes ilícitas, privándolos directamente de las ganancias monetarias y los instrumentos financieros obtenidos de sus actividades.
A través de un marco normativo federal, las autoridades estadunidenses decomisan efectivo, propiedades, mercancías y vehículos, destinando los fondos recuperados no solo a financiar las operaciones de investigación y custodia, sino también a la restitución millonaria de víctimas de delitos y al equipamiento de comunidades e instituciones de seguridad. Aquí te contamos de qué se trata este programa y todo lo que debes saber al respecto.
Tres vías legales para despojar al crimen de sus ganancias
De acuerdo con el sitio dedicado a este programa, ubicado en la página del Departamento de Justicia, el sistema jurídico de Estados Unidos contempla tres modalidades distintas para llevar a cabo la confiscación de bienes y recursos financieros vinculados a actividades ilícitas: el decomiso penal, el decomiso civil judicial y el decomiso administrativo.
Decomiso penal
Se trata de una acción legal de carácter in personam (dirigida contra la persona del acusado) que se inicia formalmente como parte de un proceso penal. Para que el gobierno pueda confiscar las propiedades o el dinero, se requiere acusar formalmente los bienes en la formulación de cargos y obtener una condena penal contra el procesado.
En este procedimiento, la orden de decomiso forma parte de la sentencia dictada por el juez y se limita a los derechos de propiedad del imputado y a las ganancias derivadas del delito.
Decomiso civil judicial
Es un procedimiento judicial in rem (dirigido directamente contra la propiedad o el activo, no contra el individuo) que no exige una condena penal previa. El gobierno actúa como demandante y la propiedad objeto de decomiso figura como demandada.
Para obtener la titularidad de los bienes, la fiscalía debe demostrar ante un tribunal, mediante la preponderancia de la prueba, que el activo facilitó un delito o representa ganancias ilícitas.
Esta modalidad es clave para incautar bienes de prófugos, líderes de carteles o criminales radicados fuera de territorio estadounidense, así como de sospechosos fallecidos.
Decomiso administrativo
Constituye un proceso in rem ejecutado por la propia agencia pública que realizó la incautación (como el FBI, la DEA o la ATF), sin necesidad de interponer una demanda ante un tribunal federal, siempre que nadie presente un reclamo formal para disputar el embargo.
Se aplica a instrumentos monetarios, mercancías de importación prohibida o medios de transporte usados para almacenar o traficar sustancias controladas, cuyo valor no supere los 500 mil dólares.
No obstante, los bienes inmuebles (como viviendas o terrenos) no pueden decomisarse por vía administrativa. Si alguna persona reclama legalmente el bien, el gobierno está obligado a trasladar el caso a la vía civil judicial o penal.
¿A dónde va el dinero? La estructura del Fondo de Decomiso de Activos
Una vez completado el proceso legal de confiscación, los recursos monetarios y el producto de la venta de bienes decomisados ingresan al Fondo de Decomiso de Activos (Assets Forfeiture Fund o AFF, por sus siglas en inglés).
Este fondo especial fue creado en la Tesorería de Estados Unidos por la Ley Integral de Control del Crimen de 1984 y está codificado en el título 28 del Código de Estados Unidos, sección 524(c).
La administración y fiscalización del AFF recae sobre el Personal de Gestión del Decomiso de Activos (AFMS), adscrito a la División de Gestión de Justicia.
De acuerdo con el mandato federal, la Fiscalía General (Attorney General) está autorizada a utilizar el fondo para cubrir los gastos operativos y de investigación del programa.
Entre los gastos operativos de decomiso financiados por el AFF se incluyen:
- Gestión y venta de bienes: Evaluación, empaque, transporte, almacenamiento, seguridad, mantenimiento y subasta de propiedades decomisadas o destrucción de contrabando
- Intereses de terceros y acreedores: Pago de hipotecas garantizadas, gravámenes válidos a acreedores calificados y devolución de fondos a víctimas
- Distribución equitativa: Transferencias de dinero a organismos policiales locales, estatales, tribales o gobiernos extranjeros que participaron directamente en las investigaciones
- Costos procesales y contratos especializados: Honorarios de peritos, publicidad judicial, actas notariales, viajes, sistemas informáticos y auditorías financieras
Asimismo, el fondo cubre gastos generales de investigación, tales como la compra de pruebas en operativos encubiertos, recompensas a informantes por datos que conduzcan a decomisos o persecución del narcotráfico, equipamiento para vehículos oficiales e investigaciones conjuntas con policías locales.
Restitución a víctimas e inversión en la seguridad comunitaria
Uno de los pilares prioritarios del Programa de Decomiso de Activos del Departamento de Justicia es el resarcimiento a las víctimas de los delitos.
Desde el año 2000, el programa de compensación a víctimas ha devuelto más de 12 mil millones de dólares en activos decomisados por vías civiles y penales mediante peticiones de remisión o mediante órdenes judiciales de restitución.
El dinero incautado al crimen organizado y al narcotráfico también se redistribuye para respaldar proyectos comunitarios y fortalecer la labor de seguridad en diversos distritos de Estados Unidos.
Entre las aplicaciones documentadas de estos recursos destacan:
- Financiamiento de centros de tratamiento contra la adicción a drogas y alcohol, así como transporte a servicios de rehabilitación
- Adquisición de kits de rescate con naloxona para contrarrestar sobredosis de opioides
- Compra de equipamiento táctico y tecnológico para policías locales, incluyendo chalecos antibalas, cámaras corporales, dispositivos GPS, patrullas, robots antibombas y analizadores de ADN
- Programas juveniles de prevención del delito, deportes de verano, guarderías extraescolares y refugios para víctimas de abuso
- Capacitación en derechos constitucionales y debido proceso para agentes de la ley al ejecutar incautaciones
Así es la red que persigue los activos ilícitos
El programa opera mediante la colaboración de 12 agencias pertenecientes y externas al Departamento de Justicia. Dentro del DOJ, la Oficina Federal de Investigación decomisa bienes vinculados a la delincuencia organizada, narcotráfico, terrorismo y delitos financieros.
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) confisca drogas, efectivo y propiedades vinculadas al tráfico de drodas.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) actúa sobre armas y municiones.
El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) ejerce como el custodio principal encargado de resguardar y vender los bienes decomisados.
A estas labores se suman componentes de litigio como las Oficinas de los fiscales de Estados Unidos (USAO) y la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF), así como agencias fuera del DOJ como el Servicio de Inspección Postal (USPIS), la Oficina de Investigaciones Criminales de la FDA y el Buró de Seguridad Diplomática (DSS).
Mediante esta red, el gobierno de Estados Unidos busca garantizar que las ganancias del crimen organizado se transformen en recursos para la justicia y la protección pública.
ROA
