Hace 20 días y como cada inicio de año, en el Área Metropolitana de Monterrey, miles de familias hicieron cuentas y se propusieron poner el ejemplo pagando el predial.
Lo hicieron a pesar no solo de la cuesta de enero ni de los gastos habituales que deja diciembre, sino de lo impopular y poco efectivo que representa ese impuesto, cuando rara vez se ve reflejado en mejoras a los servicios que brindan los municipios.
En realidad es un pago que no se hace con gusto, pero sí con la convicción o la esperanza de que debe traducirse en mejores ciudades.
Pagar el predial implica sacrificios reales. Para muchos hogares significa posponer compras, ajustar el gasto o elegir entre prioridades.
No es un trámite automático: es un esfuerzo que se asume porque se entiende como parte del pacto básico entre ciudadanos y autoridades. La gente cumple porque confía en que ese dinero regresará a las calles y a la calidad de vida.
Deberían verse los resultados en vialidades, en alumbrado que funcione, en baches atendidos, en espacios públicos cuidados, en seguridad cercana. Cada recibo pagado debería tener un reflejo tangible en el entorno cotidiano.
Sin embargo, en muchos municipios del Área Metropolitana, la percepción es otra. Obras que se retrasan, servicios insuficientes y problemas que se repiten año con año alimentan la sensación de que el esfuerzo ciudadano no siempre encuentra correspondencia en la gestión pública. La distancia entre lo que se recauda y lo que se nota sigue siendo un reclamo constante.
El predial no es un favor que se le hace al Gobierno, es una contribución obligatoria que merece resultados. Administrarlo con eficiencia, transparencia y sentido social no debería ser una promesa, sino una obligación básica. Informar en qué se gasta, cómo se prioriza y cuándo se verán los beneficios es parte del respeto a quienes cumplen.
En una metrópoli que crece y enfrenta retos cada vez más complejos, el mensaje es claro: la gente está dispuesta a pagar, incluso a sacrificarse, pero también está dispuesta a exigir. Porque una ciudad que cobra, pero no responde, termina debilitando la confianza que sostiene a sus propias instituciones.
Nunca, como ahora, las calles de municipios como Guadalupe, Juárez o Santa Catarina se habían visto semidestruidas, como zona de guerra.
Los municipios se siguen quejando de que todo ciudadano debería cumplir con el catastro; mientras el gobernado se queja con justa razón de que no hay retribución.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
A ver cuándo cambia esta realidad.
¡Que la vida le sonría!
