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Miércoles , 24.04.2019 / 07:52 Hoy

Columna de Víctor Manuel Sánchez Valdés

Comprar sin licitar, un grave error

Víctor Manuel Sánchez Valdés

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Durante décadas las compras públicas en México se caracterizaron por la opacidad, por el gasto excesivo, por la asignación discrecional a los amigos, por la corrupción, los moches e incluso las compras simuladas. 

Muchos de los vicios aún existen, pero lo que no se puede negar, es que la introducción de un esquema de licitaciones y concursos públicos, aminoró en gran medida estos vicios.

Por ello, resulta preocupante que el Gobierno Federal esté dejando a un lado las compras con licitación y haya realizado en estos meses, compras directasen el 74% de las ocasiones. 

Ello no significa en automático que haya corrupción en el proceso, pero si que incluso creyendo en la probidad del Presidente, haya personas que puedan aprovechar este estado de excepcionalidad para cometer actos indebidos.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su campaña, señaló varias veces que una de las formas de atacar la corrupción es predicando con el ejemplo. 

Pero si el Presidente y su equipo se saltan las licitaciones, están sentando un mal precedente que podría ser usado por gobernadores o alcaldes para realizar compras directas amañadas, con los vicios de siempre.

Además, el Poder Ejecutivo Federal no es inmune a la corrupción, qué pasaría si alguien del equipo de AMLO, quiere sacar provecho y sin que se dé cuenta el Presidente, arregla una compra ventajosa a sobreprecio o la asigna a un proveedor que no ofrece el mejor servicio, a cambio de un moche. 

No bastaría que al descubrirlo lo corrieran, porque el escándalo de corrupción dañaría la credibilidad de la Presidencia y acabaría con la visión que se tiene de honestidad del mandatario.

Además, hay que recordar que licitar y concursar las compras es la regla general en la norma. 

Por ello, creo que es prudente que como sociedad presionemos para el cumplimiento de la norma, que al final nos beneficia a todos, porque reduce las probabilidades de que se presenten conductas indebidas en la adquisición de insumos gubernamentales. 

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