“El hombre que ha cometido un error
y no lo corrige, comete otro error mayor”
Confucio
El 17 de septiembre, los senadores del PAN, anunciaron que formalizarían una solicitud para destituir al gobernador y a los diputados del Estado de Veracruz, aplicando la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política Federal, que se refiere a la desaparición de poderes en un Estado, argumentando que no permitirían que continuara la crisis constitucional que pone en riesgo el sistema de justicia, en esa entidad.
Posteriormente, el 23 de septiembre, ahora los senadores de Morena formularon una solicitud al amparo de la misma disposición constitucional, argumentando la existencia de una crisis de violencia e inseguridad, que motivaba una falta de estado de derecho, en los estados de Tamaulipas y Guanajuato.
La desaparición de poderes es un procedimiento, que se desarrolla al amparo de la atribución exclusiva que posee el Senado, y para ello existe, una ley reglamentaria muy pequeña de solo 15 artículos; siendo importante resaltar, que no basta un capricho político para su procedencia, sino que es necesario cubrir, alguno de los supuestos previstos en el artículo 2 de dicha ley.
Es increíble, que para la solicitud de desaparición de poderes, de Guanajuato, aplique aquello de que, a una acción política, corresponde otra reacción política; y no lo digo yo, sino el propio coordinador de los senadores de Morena, quien calificó esa propuesta, como una reacción de sus senadores.
A los guanajuatenses nos queda claro, que no hay esa ausencia de estado de derecho, ni tampoco la violencia que se vive, ha sido propiciada por las autoridades estatales, como engañosamente se menciona, en los 2 primeros párrafos del apartado de Consideraciones, de la solicitud hecha por senadoras y senadores de Morena.
Con este escenario de poca seriedad, en donde algunos legisladores y algunos partidos, como Morena, actúan en función de revanchas, pero además, hay confesiones expresas, no existen pruebas, y se trata de sustentar la solicitud en 10 notas periodísticas; no queda más que sorprendernos por un lado, y exigir mayor responsabilidad y altura en el debate y en la toma de decisiones.
Si consideramos adicionalmente, que Guanajuato, es el único estado del país, en donde no ganó López Obrador, en las elecciones federales del 2018; podemos afirmar, que no solo es el estado con más votos en favor del PAN, sino que también, es el estado con menos “lopezobradoristas” del país.
Esa diferencia de votos que se generó en Guanajuato, en favor del gobernador Diego Sinhue Rodríguez del PAN, comparados con los del Presidente de la República de Morena, puede ser que haya generado también, ese ánimo de revancha, y de medir con distintos parámetros, porque si de algo estamos seguros, es que la mayoría de delitos cometidos son de competencia federal, y que el país, ha roto récords en número de delitos; y sin embargo, nadie pide la salida del Presidente.
Al final, todo el ruido mediático y en redes sociales, generado con motivo de esa solicitud de desaparición de poderes, ha victimizado al gobernador, y muchos Guanajuatenses, aún y cuando no votaron por el PAN, perciben como agandalle y oportunismo la solicitud de Morena; y porque además, nos desagrada la intromisión de un poder, en la vida democrática de nuestro Estado.
No sé si todo este montaje, sea sólo producto de un afán de revancha, o quizás sea también, un distractor; porque la noticia, de que se había expulsado de Morena, a uno de sus militantes por actos de corrupción y falta de probidad, dada a conocer un día antes, ya ha quedado olvidada, aunque se trata, de quien fue su dirigente estatal, coordinador del grupo parlamentario y todavía diputado local.
Creo que esta solicitud, concretamente en el caso de Guanajuato, fue un error de cálculo para Morena y se le va revertir en los próximos meses y en las elecciones del 2021;y aunque creo que darán marcha atrás, habrá que ver en qué termina, lo que a mí me parece, un muy feo espectáculo, para los ciudadanos que observan a los legisladores, un poco a la distancia.
*Abogado y Maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa 2010-2017
