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Miércoles , 20.02.2019 / 09:50 Hoy

Procívica

Ciudadanía y la razón jurídica

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El interés público es aquel que se refiere al bien común, para utilidad y provecho de la sociedad en su conjunto. De tal forma que es el Estado quien, en primera instancia, está obligado por Ley a garantizar su procuración. Por otro lado, la sociedad civil, de manera supletoria o complementaria a las obligaciones del Estado, debe coadyuvar y vigilar esa procuración y así realizar actos que tienen como objetivo el beneficio social en aras del bien común. En el caso de errores u omisiones de la autoridad, hacer los señalamientos o acciones pertinentes y oportunas que la ley permita, entre otras hasta acudir a los tribunales para dirimir la diferencia y hacer valer los Derechos Humanos.

En este sentido, el día 5 del presente mes, el Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, A. C., dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito concedió el amparo y protección de la justicia federal para que la autoridad municipal deje insubsistente el Plan de Centro de Población del municipio de Guadalajara aprobado y publicado en el año 2015. Consecuentemente, los 53 Planes Parciales de Desarrollo Urbano que de él derivan. Esta resolución se basa en los dictámenes periciales, realizados por expertos en la materia, que determinaron que los citados Planes de Desarrollo Urbano no garantizan el Derecho Humano, de tercera generación, a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ya que fueron emitidos sin elaborar previamente los estudios técnicos pertinentes y necesarios de impacto ambiental y riesgo para la conservación de la calidad de vida. En resumen, en su sentencia se pondera el bien común y el interés público.

Sin embargo, a raíz de este resolutivo judicial, el actual presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, espetó, sin miramientos, descalificativos y juicios de valor sin base ni fundamento en contra del Parlamento de Colonias y su presidente, el Ing. Alejandro Cárdenas. Hizo lo propio y a su manera Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, asegurando que esta agrupación social “Es un grupo de intereses particulares que quiere incidir en el desarrollo de la ciudad, pero negativamente…”.

Tal parece que, según el edil emecista, su juicio de valor y supuesta superioridad moral le permiten descalificar a todo aquel que legítimamente opine distinto a él y su grupo político. Así sea que a él le asista la razón jurídica o no. Habrá que recordarle a este servidor público que las demandas y acciones emprendidas en su momento por el Parlamento de Colonias, quien hizo uso del legítimo derecho que la ley le confiere, no sólo fueron juzgadas como corresponde, sino que, además, al concedérsele la razón jurídica, sienta varios precedentes y obliga a la autoridad a que en lo futuro, cualquier plan de centro de población o plan parcial que se elabore por los ayuntamientos, deberán obligatoriamente incluir los estudios técnicos que garanticen el Derecho Humano a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y al desarrollo, consagrado en la Constitución y en las leyes mexicanas.

Esto, sin más palabra y para fines de esclarecer conceptos, significa: garantizar que prive el interés público por encima del interés privado. Se trata pues, de evitar que se repita el desastre generado en Tlajomulco –y en toda el área metropolitana–, por la oprobiosa complicidad u omisión de las autoridades que dejaron en manos de grupos inmobiliarios el desarrollo urbano, permitiéndoles jugosas utilidades en detrimento de la ciudad y sus habitantes. Es momento de que la autoridad aprenda a escuchar a la inteligencia ciudadana.

procivica.mx@gmail.com

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