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Escuela Libre de Derecho de Puebla

¿Tendrá éxito la reforma de Extinción de Dominio?

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Quizás muchas personas no lo recuerden, pero con la reforma constitucional en materia de justicia procesal penal y seguridad pública (DOF: 18-06-2008), también nació otra nueva figura legal denominada “Extinción de Dominio”, oriunda de Colombia. Su principal objetivo de la extinción es lograr pérdida de los derechos sobre los bienes que sean objetos, instrumentos, productos del delito, así como sus rendimientos, frutos y accesorios, con el fin de que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.

El propósito fundamental para crear esta figura jurídica constitucional es facilitar al Estado mexicano apropiarse de bienes de origen o destino ilícito, partiendo de la base de que la forma más eficaz para combatir la delincuencia organizada es afectando sus estructuras financieras y ganancias, así como recuperar los activos generados mediante dinero ilícito.

Desafortunadamente en México, esta figura constitucional no ha tenido los resultados esperados, pues basta comparar vgr.: el año pasado 2018, en Colombia se estaban tramitando 2,703 procesos judiciales por extinción de dominio y se recuperaron 28,165 bienes; en contraste, el periodo 2010-2011, México solo tenía abiertos tres procesos y se había recuperado ocho bienes, según lo aseguró la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.

De acuerdo a lo dispuesto en la Constitución, la Extinción de Dominio será procedente exclusivamente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de los siguientes delitos: hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Con el reciente decreto constitucional del 14 de marzo, se añadieron los hechos de corrupción y los delitos relacionados con el fenómeno del “huachicol”, ambos ilícitos representan en la actualidad un verdadero cáncer social en nuestro país.

Es importante destacar que el artículo 22 Constitucional consagra que: “toda persona que se considere afectada, por algún procedimiento de Extinción de Dominio, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento”. No obstante, en la práctica ha sucedido que, en ocasiones personas inocentes han sido afectadas en sus bienes por la aplicación errónea y abusiva de esta figura procesal por parte del Ministerio Público y, para poder recuperar sus bienes, tienen que contratar los servicios de un abogado experto en el tema, pues se rige por reglas diferentes al procedimiento penal o civil, cuya reglamentación está contemplada en la Ley de Extinción de Dominio, situación que les genera gastos económicos costosos.

En verdad, los mexicanos deseamos que las reformas constitucionales a la Extinción de Dominio puedan servir al Estado mexicano, como una herramienta eficaz, idónea y adecuada para combatir a la delincuencia organizada, los hechos de corrupción y el robo de hidrocarburo; de lo contrario será un rotundo fracaso.

RAMSÉS CASTAÑÓN

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