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Jueves , 18.04.2019 / 23:58 Hoy

Escuela Libre de Derecho de Puebla

Nuevo paradigma en las sentencias de amparo

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De manera tradicional, la doctrina jurídica mexicana había sostenido que el juicio de amparo resultaba improcedente en contra de los actos negativos del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos o de los Congresos de los diversos Estados de la Federación, dado que no podía ordenarse a través del amparo que la autoridad legislativa hiciera una norma de carácter general, ya que ello trastocaría el principio de relatividad que existe en el juicio de garantías.

La reforma de junio de 2011 a los preceptos relativos a los derechos humanos y al juicio de amparo, permite en la actualidad que los gobernados acudamos al mismo por omisiones legislativas, lo que lleva a establecer que el derecho mexicano es sumamente evolutivo y se adecua a las nuevas realidades de la sociedad.

En una sentencia histórica, pronunciada dentro de los autos del expediente en revisión 1359/2015, de los de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó al Congreso de la Unión expedir una ley que regule el gasto en publicidad oficial, por considerar que la responsable había incurrido en una omisión legislativa violatoria de la libertad de expresión.

Para arribar a dicha sentencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, partió de consideraciones previas y de argumentos que resultan ser sumamente importantes en términos del principio pro persona, que establece el artículo 1º Constitucional en materia de derechos humanos.

La Suprema Corte de Justicia consideró que el amparo era procedente debido a tres argumentos principales: el asunto era sobre una cuestión no electoral; el juicio de amparo es procedente contra omisiones legislativas, y la quejosa, una persona jurídica promotora de los derechos de libertad de expresión, cuenta con interés legítimo para acudir al juicio de amparo.

Para argüir en dicho sentido, la Suprema Corte de Justicia estableció que en la reforma constitucional de 2011 se amplió el espectro de protección del juicio de amparo, de tal manera que ahora es posible proteger derechos fundamentales que tengan una dimensión colectiva y/o difusa, como ocurre con la libertad de expresión. El juicio de amparo originalmente fue concebido para proteger derechos estrictamente individuales y exclusivos, hoy en día también puede utilizarse para proteger derechos con una naturaleza más compleja. Para ello precisa el concepto de interés legítimo.

La sentencia también diferenció entre actos omisivos, como aquéllos que derivan a la falta de cumplimiento de una obligación que se estableció por el Congreso Constituyente Permanente en la Constitución y actos negativos, que no se caracterizan por una abstención, sino que son actos formalmente positivos.

No se tergiversa la relatividad de las sentencias de amparo, ya que en la analizada sólo se protege a quién lo intenta y sus efectos pretenden proteger a todos los que se encuentran en un supuesto que el Estado tiene obligación de apoyar.

Como corolario, es importante recalcar que la sentencia en comento rompe paradigmas y comprueba de manera clara la evolución del derecho y la nueva participación del Poder Judicial en la protección de los derechos humanos.

ARTURO FLAVIO SÁNCHEZ ROSAS

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