Un proyecto largamente trabajado por el movimiento feminista mexicano se concretó la semana anterior. El pasado 14 de mayo, por unanimidad, el Senado Mexicano aprobó la llamada Paridad Total, que es el derecho de las mujeres a participar en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad con los hombres.
Se trata de un dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política en materia de paridad de género, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en México, incluidos estados y ayuntamientos. Esto es, paridad de género en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno, en todas las entidades federativas y en todos los municipios. Este histórico dictamen establece que la Suprema Corte de Justicia estará integrada por ministras y ministros. La conformación de los órganos jurisdiccionales se realizará por concursos abiertos, con igual número de mujeres que de hombres. Los artículos transitorios aprobados señalan que las legislaturas de las entidades federativas deberán reformar su legislación para garantizar los procedimientos de elección, designación y nombramiento de sus autoridades, bajo el principio de paridad. La paridad de género se aplicará para partidos políticos, órganos autónomos y en cualquier entidad, órgano u organismo que ejerza funciones de autoridad en la Federación, las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Sus autoridades deberán ser electas, nombradas o designadas, según corresponda, respetando la paridad de género. Esta reforma incorpora el principio constitucional de paridad de género como eje rector para la integración de los órganos del Estado mexicano. Pero para que se cumpla, es necesario implementar políticas públicas, medidas y acciones que aseguren a todas las mujeres su participación política, con la certeza de que no vivirán violencia al ejercer estos derechos.
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