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Martes , 23.04.2019 / 09:48 Hoy

Entresijos del Derecho

El Tribunal Electoral y su laberinto

Sergio López Ayllón

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La incertidumbre es condición de la democracia. Somos democráticos, entre otras cosas, porque de antemano no sabemos quién ganará las elecciones. Pero así como la duda debe prevalecer antes de la jornada electoral, la certeza se vuelve un principio fundamental una vez que los electores han acudido a las urnas. Contar con una estimación precisa de los resultados de la elección presidencial la noche misma de la jornada, es un elemento que daría certeza y estabilidad a nuestro sistema democrático.

Sucede, sin embargo, que una reciente sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) amenaza con dejarnos sin resultados la noche de la elección presidencial. El problema —¡oh, sorpresa!— tiene su origen en nuestra barroca legislación electoral. Ésta, además de sumar funciones y tareas insólitas al órgano electoral, regula en la Constitución y la ley los más mínimos detalles y deja a los órganos responsables de aplicarla con escasos márgenes de acción.

El meollo del asunto que nos ocupa está en la creación de la llamada “casilla única”. El escrutinio y cómputo de los votos es ahora más lento por dos razones. Primero, porque los funcionarios electorales tendrán que realizar el conteo de hasta seis comicios. Segundo, porque la legislación establece que el llenado de las actas, donde se asientan los resultados finales, deberá realizarse hasta que se hayan contado los votos de todas las elecciones.

El problema, en una nuez, es que si el Instituto Nacional Electoral (INE) sigue a rajatabla el procedimiento que establece con detalle la ley, simple y sencillamente no habrá poder humano que le permita dar un estimado de la elección presidencial el día de la jornada electoral. Y no se requiere de mucha imaginación para saber cuán catastrófico podría ser el escenario: basta con recordar lo que sucedió la noche del 2 de julio de 2006, cuando una decisión del IFE impidió que el consejero presidente informara los resultados del conteo rápido.

El INE enfrentaba, pues, un claro dilema: o realizar una aplicación mecánica de la ley o cumplir con su mandato de “garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones”. Los consejeros electorales privilegiaron lo segundo. Orientados por una ética de la responsabilidad, hicieron una interpretación plausible de la normatividad electoral y modificaron el artículo 245 del Reglamento de Elecciones.

El INE optó por una fórmula sencilla y probada. Estableció que antes de comenzar con el escrutinio y cómputo, se realizaría una revisión general para identificar votos depositados en urnas incorrectas, para posteriormente realizar el conteo y llenado de las actas, elección por elección, comenzando por la presidencial.

La decisión el INE, como ya es costumbre, fue impugnada por diversos partidos políticos ante el TEPJF. Y, en esta ocasión, por una mayoría de cinco votos, los magistrados dictaron una sentencia guiada por la ética de las convicciones. Animados por el respeto irrestricto al texto de la ley, revocaron las modificaciones reglamentarias, al considerar que con ellas se generaba una “manipulación injustificada de las boletas electorales”. Parafraseando a Weber, obraron según la máxima consistente en que “el juez obra bien y deja el resultado en manos de la ley”.

Vista de manera aislada, la sentencia de la sala superior es razonable. La interpretación estricta de la ley es una posición cuestionable, pero perfectamente defendible. Pero si alzamos la mira, observamos que en otras decisiones y momentos de su historia, el TEPJF ha entendido que su función no es la mera aplicación de la ley, sino garantizar la viabilidad de las elecciones y contribuir a la estabilidad democrática usando sus facultades de último intérprete que le otorga la Constitución.

Pese a todo, conviene enfatizar que el problema de fondo está en nuestra legislación electoral. Diseñada con base en la desconfianza y el capricho, es un galimatías que privilegia las reglas inflexibles y deja poco margen de acción al INE, una autoridad que se encuentra en una posición privilegiada para entender y hacer frente los retos de los procesos electorales. En fin, ¿qué habría decidido usted, amable lector?

SERGIO LÓPEZ AYLLÓN
Director e investigador del CIDE

JAVIER MARTÍN REYES
Profesor asociado del CIDE

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