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Viernes , 26.04.2019 / 09:48 Hoy

Los derechos humanos son para todos

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En México, como en muchas otras naciones, en los últimos años el debate sobre los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTI se ha intensificado. En 2016, en el marco del día nacional de la lucha contra la homofobia, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional el matrimonio igualitario; sin embargo, dicha propuesta no prosperó al interior del Poder Legislativo.

Pero este tema no puede ni debe quedar ahí. Ningún argumento es válido para negar o restringir los derechos de una minoría. Un Estado que se diga respetuoso de los derechos humanos no puede, frente a la falta de consenso, seguir manteniendo la discriminación que estos grupos o personas sufren. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una opinión a solicitud de Costa Rica pronunciándose en este sentido. En dicha opinión se señala que la identidad de género y la preferencia sexual son derechos que se encuentran protegidos por el derecho humano a la libertad y por la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse.

La CIDH dice algo que como sociedad nos ha costado años entender: no existe un modelo determinado de familia, porque la definición de familia no debe estar acotada a las parejas heterosexuales. Todas las personas tienen el derecho a escoger con quién quieren sostener un vínculo afectivo.

Un parteaguas en esta opinión -la cual los estados parte del tratado (como México) deben atender- es el referente a las instituciones. La Corte ha pedido que no se generen nuevas figuras jurídicas y que las ya existentes (incluido el matrimonio) se apliquen a las parejas compuestas por personas del mismo sexo. Ha dicho que crear una institución que produzca los mismos efectos y derechos, pero que no lleve ese nombre carece de sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia, lo que por lo menos es señal de subestimación, incluso de ofensa.

En síntesis: tener dos clases jurídicas de uniones, una para parejas heterosexuales y otra para parejas homosexuales, es discriminación; por lo que los abogados defensores de la esencia de las instituciones, tendrán que entender que el derecho se transforma, y que más importante que la historia de esas instituciones, es el garantizarle a todas las personas su derecho a vivir una vida sin discriminación.

Hacia la elección de 2018, este es un tema en el que los candidatos no pueden ser omisos. No se vale que el respeto a los derechos humanos esté a expensas de los tiempos y costos políticos. Es tiempo de que los partidos, las religiones y la sociedad, entiendan que nadie merece vivir en la discriminación y el rechazo, que las personas somos diferentes, que vivimos en un mundo plural, y que los derechos humanos son para todos, no sólo para los que la mayoría acepta.

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