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Lunes , 18.03.2019 / 11:06 Hoy

Prospectivas

El repunte en inseguridad

Saúl Barrientos

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De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el pasado mes de julio fue el más violento desde que se lleva este registro. En total, se contabilizaron 2,234 homicidios dolosos. Se trata del segundo mes consecutivo en el que, lamentablemente, se impone un nuevo récord en la incidencia de este delito, antes de mayo y junio de 2017; el mes más violento en los últimos 20 años se había registrado en mayo de 2011.

En este sentido, es verdaderamente preocupante que los primeros seis meses de 2017 registren una mayor incidencia en este subtipo penal que los primeros seis meses del 2011. Los datos señalan que podríamos estar viviendo el año con más asesinatos en la historia reciente de nuestro país. Hay que recordar que fue en 2014 cuando la estrategia de seguridad pública de esta administración mayores resultados entregó, logrando una reducción de cerca de una tercera parte de los homicidios dolosos con relación a 2011.

Algunos actores políticos han atribuido este repunte en inseguridad a la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo cual, por supuesto, es una afirmación que carece de sustento alguno. Es irresponsable y oportunista querer tapar las deficiencias institucionales fomentando una mala percepción social con respecto al nuevo sistema acusatorio.

Al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio más que una reforma para regresar a la prisión preventiva como regla general y no como excepción, le hace faltan instituciones de seguridad pública y procuración de justicia eficientes. Si el nuevo sistema está teniendo serios problemas en su implementación se debe, en gran medida, a que en el plazo de preparación de 8 años que dio la reforma, las autoridades estatales y federales hicieron muy poco.

No es posible que hoy nos digan que les preocupan los miles de reos que han salido y saldrán a razón del nuevo proceso cuando han pasado 9 años desde que se aprobó la reforma. Es vergonzoso que en ese tiempo nadie lo haya presupuestado y que no se promovieran políticas públicas para su adecuada reinserción social. Si nuestras cárceles no cumplen el objetivo de readaptar conductas y si el Estado no genera las condiciones para que se reintegren a la sociedad con oportunidades de desarrollo, simple y sencillamente no sirven.

La estrategia de seguridad pública debe ser revisada de fondo, hay condiciones que no pueden pasar de inadvertidas como el hecho de que en los gobiernos estatales donde hubo alternancia, la violencia se disparó. Asimismo, en la procuración e impartición de justicia, no debemos claudicar en la lucha por un Estado donde se respeten plenamente los derechos humanos; hacerlo significaría reglamentar la ineptitud, premiar los abusos, consentir que sigamos haciendo las cosas mal.

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