El proceso de Revocación de Mandato es un instrumento de la democracia en donde la ciudadanía a través del IEEH, decide si el titular del Poder Ejecutivo estatal debe dejar o continuar en su cargo. Este ejercicio podrá hacerse una vez durante el periodo del sexenio del gobernador en turno, y a partir del día siguiente de cumplir tres años.
El gobernador Julio Menchaca Salazar ha solicitado el proceso ante el IEEH, aunque no es válido legalmente por la condición propia de su función conforme al código electoral vigente.
Con base en esta lectura, la ciudadanía opositora como los seguidores del PRI, PRD, PAN, aquellos quienes se identifican como fuerzas y actores políticos disidentes llámese Abraham Mendoza Zenteno, Tonatiuh Herrera Gutiérrez y los que se llaman fundadores de Morena en Hidalgo, varios presidentes municipales inconformes, que no tienen la cercanía con su pueblo y que permitirán pedir la firma.
Por otra parte, no pueden solicitarlo los aliados del gobernador; la mayoría de su gente no están convencida de lo que está haciendo el mandatario estatal como el PT controlado por el Grupo Universidad; el Panalh encabezado por Sergio Hernández que cada día está más alejado de sus militantes y del SNTE Sección XV, que es la plataforma política de dicho partido, aunado al conflicto entre los líderes de ese sindicato magisterial Said Vargas y Sinuhé Ramírez, quienes generan una gran crisis interna. Al igual el PVEM, dominado por el exgobernador Miguel Osorio y el senador Cuauhtémoc Ochoa, que representa la gran oposición al gobernador por su ambición de retornar al poder estatal fuera de la bandera del PRI.
Estas percepciones dejan dudas: esas fuerzas pueden reunir las firmas para sustentar el proceso de revocación, lo que sería una traición al jefe del ejecutivo. Ni se diga de Morena, que a la fecha no ha podido conciliar con los renegados y los inconformes. Por todo esto, no se podrá realizar este ejercicio y se deberá acatar la voluntad de los hidalguenses en que Menchaca siga hasta el 2028.
