Las multas impuestas por los gobiernos locales y estatales están sujetas a un proceso de fiscalización y control por parte de órganos especializados; sin embargo, los mecanismos pueden ser afectados por casos de corrupción y falta de transparencia como el caso del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles quien enfrenta acusación por más de tres mil millones de pesos recabados por la aplicación de multas y el desvío de recursos.
Existen casos similares en el estado de México y alcaldías como Ecatepec, Tlanepantla o Cuautitlán Izcalli en donde la mayoría se omiten o entregan con información incompleta presentando inconsistencias en su informe.
Los municipios de Hidalgo no son la excepción, utilizan las multas consignadas a su competencia por la delegación federal y secretarías estatales, aplicando el mismo mecanismo de las autoridades antes mencionadas que les permite obtener la mayoría del porcentaje de este recurso al cobrarlas sin fiscalización, derivado de la falta de recursos tecnológicos y técnicos.
Los factores que influyen en la deficiencia del proceso inciden en la falta de capacitación y profesionalización del factor humano, acompañado del viejo sistema de cobranza que genera discrepancia con los datos fiscales entre el municipio y las instituciones federales y/o estatales,
Lo anterior, conlleva a que los municipios sean vulnerados por la corrupción y a su vez, no registren totalmente los recursos recuperados por las multas, consintiendo que no pasen a través de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, dejando libre las prácticas corruptas y el mal manejo de los recursos en los municipios.
Estas prácticas perjudican al régimen del gobernador Julio Menchaca Salazar, quien ha luchado por erradicar estas viejas práctica de corrupción respecto de los recursos no fiscalizados, permitiendo que los presidentes municipales se autoricen a modo e intereses personales.
Por ello, existe inconformidad de empresarios, comerciantes y ciudadanía, dadas las multas aplicadas. Considero que es importante que la Secretaría de Contraloría tome cartas en el asunto para contra restar la inconformidad de la ciudadanía que incide en la imagen del gobernador.
