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Lunes , 18.03.2019 / 21:14 Hoy

Columna de Sara S. Pozos Bravo

Medidas anti pederastas en El Vaticano (Parte 1 de 2)

Sara S. Pozos Bravo

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El 5 de diciembre de 2013, como resultado de la presión internacional ejercida contra la Santa Sede y, de manera específica, como consecuencia de las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas había hecho al Vaticano, se une la “Comisión Pastoral para la Protección de la Infancia, “… encargada de proponer nuevas iniciativas para la formulación de programas sobre un entorno seguro para los niños y mejorar y mejorar las iniciativas de cuidado pastoral de las víctimas de abuso de todo el mundo”. Esa Comisión Pastoral se convirtió en una farsa al interior del Vaticano, destrozando la confianza que aún les quedaba a las víctimas de violaciones sexuales por parte de sacerdotes. Meses antes, el 10 de agosto de ese 2013, el papa estableció una oficina especial dentro de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Esta oficina se encargaría de ir reformando la legislación interna del Vaticano para incorporar la visión de los derechos del niño en su legislatura. Este tema también fracasó.

Las observaciones finales al segundo informe presentado por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN) confirmaba, en sus “motivos de preocupación”, el fracaso. En el documento CRC/C/VAT/CO/2, se menciona: “ 9. El Comité lamenta que la mayoría de las recomendaciones que figuran en sus observaciones finales de 1995 […] aún no se hayan aplicado plenamente”. Es decir, después de casi 15 años, el Vaticano había ignorado todas las recomendaciones que el Comité de expertos le había realizado. Durante más de una década ignoró el clamor de justicia que en todo el mundo se había alzado contra la Santa Sede por el encubrimiento institucional global que pretendió tapar el sol con un dedo.

El 11 de abril de 2014, en una reunión entre Francisco y la Oficina Internacional Católica de la Infancia, el papa reconoció el daño causado por los abusos sexuales de niños. Es más, en el Informe inicial de la Santa Sede presentando para cumplir con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en mayo de 2014, el Comité contra la Tortura le hace saber a la Santa Sede que sus esfuerzos no han sido ni vinculantes ni exitosos, por decirlo menos. En este documento (CAT/C/VAT/CO/1), el Comité señala. “… desde 2001, los funcionarios de la Santa Sede han exigido que se informe obligatoriamente de toda denuncia creíble de abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes a la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Santa Sede […] la Congregación confirmó 3,420 denuncias creíbles (sic) cometidas por sacerdotes entre 2004 y 2013, lo que dio lugar a la aplicación de numerosas sanciones canónicas impuestas por medio de un proceso penal eclesiástico, que incluyeron LA SECULARIZACIÓN (mayúsculas mías) de 848 sacerdotes y la aplicación a otros 2,572 de medidas disciplinares, tales como LA IMPOSICIÓN DE UNA VIDA DE ORACIÓN O PENITENCIA”.

Durante los últimos veinte años, El Vaticano ha hecho lo que sabe hacer: apelar al olvido y a su posición como Estado sujeto del derecho internacional para salirse con la suya, en absoluto abandono de los más débiles.

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