Al Congreso del Estado de Jalisco le restan diez días “para realizar las reformas a las leyes estatales que se requieran” en materia de acceso a la información y protección de datos personales, de acuerdo con el decreto 29842/LXIV/25 con el que se armonizó la Constitución local con la federal.
Los proyectos de dictámenes construidos colaborativamente por la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público están a la espera de discusión y prevista aprobación. Pasado ese trámite legislativo, se abrirá un compás temporal para que los sujetos obligados y nuevas autoridades garantes adecuen sus normas y estructuras internas.
Será un proceso intenso de armonización, donde los sujetos obligados deberán poner particular cuidado para que el “nuevo modelo” garante de acceso a la información y protección de datos personales, y no amplíe el ya de por sí laberinto que será para los sujetos de esos derechos.
¿Quiénes deberán, en los hechos, con reglas (normas propias) y recursos humanos necesarios, mostrar voluntad pública para ser transparentes? Cada uno de los Poderes, los órganos autónomos existentes (CEDHJ e IEPCJ), pero de manera particular los 125 Ayuntamientos de Jalisco.
Para reducir los efectos no queridos, pero inevitables con el nuevo modelo de acceso a la información y protección de datos personales, será fundamental que el Ejecutivo estatal instale lo más pronto posible el Subsistema Local de Transparencia con las nuevas autoridades garantes. De lo contrario, la dispersión y fragmentación que impuso el modelo constitucional federal se ahondará y la garantía-ejercicio de estos derechos estará trunca, por no decir conculcada.
Los lineamientos, directrices, acuerdos iníciales con que arranque el Subsistema Local de Transparencia serán fundamentales para reducir el impasse que el nuevo modelo impone, en particular para que tanto sujetos obligados como nuevas autoridades garantes no dejen para los límites temporales que establezca la nueva ley en transitorios sean su referencia. De no tomar previsiones, la suspensión de facto de derechos se extendería legalmente a mediados de abril (si se establecen otros 90 días para adecuaciones normativas). Claro, a reserva de que el Sistema Nacional de Transparencia al que el subsistema local está sujeto no actúe con la diligencia necesaria o imponga criterios operativos que lo aletarguen.
Si bien la Contraloría del Estado tendrá una carga y responsabilidad mayor como autoridad garante del Poder Ejecutivo (con sus dependencias y sus OPD) y los 125 Ayuntamientos (con sus OPD), los poderes Legislativo y Judicial, así como la CEDHJ y el IEPCJ tendrán que asumir desde sus órganos internos de control (contralorías) lo propio y dar muestras públicas que están listos y preparados para garantizar los derechos implicados, sin pretexto alguno.
