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La Semana de Román Revueltas Retes

Si no es justo, no es legal

Román Revueltas Retes

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Los revolucionarios, los rebeldes y los sediciosos parten, por lo general, de una premisa: el “sistema” no es justo y, por lo tanto, no es legítimo. Asentada esta enunciación, se arrogan tranquilamente el derecho de dinamitar los pilares del orden establecido. Luchan por la “justicia”, no lo olvidemos, y la causa es tan elevada que cualquier método es admitido: puede haber violencia —que no sería, en el discurso de ellos, más que la muy natural respuesta a la correspondiente “violencia” del opresor—, pueden ser perpetrados asesinatos, pueden acontecer atentados y se pueden desatar sangrientas guerras civiles para que, al final, sea instaurado, digamos, un reino de suprema igualdad entre los hombres o, en el caso de otras utopías, una nación verdaderamente “soberana” o una “dictadura del proletariado” o, como ha ocurrido más recientemente en el caso de Venezuela, una sociedad regida por el “socialismo del s. XXI”.

Las revoluciones y los movimientos de “liberación” se sirven de un gran pretexto primigenio: un pueblo o una colectividad padecen las sevicias de un régimen tiránico y, como decía, esencialmente injusto. Los catalanes, por dar un ejemplo, sobrellevan los rigores que les impone el Estado español: los impuestos que genera su muy laboriosa gente terminan en los bolsillos de extremeños desobligados y andaluces haraganes, deben mascullar ocasionalmente en castellano en lugar de gruñir única y exclusivamente en la lengua vernácula, tienen que conllevar las consonancias del himno del ocupante hispánico en vez de entonar Els Segadors en las ceremonias oficiales y las entregas de premios y, en fin, su bandera se exhibe junto a la del invasor en los edificios públicos. Los extremistas vascos, por su parte, se dedicaron durante años enteros a poner bombas y asesinar a gente inocente para reclamar la instauración de una patria declaradamente euskalduna alegando, de la misma manera, que el conquistador peninsular les restaba soberanía, identidad o vaya usted a saber qué otras cosas. Ahora mismo, los fortuitos herederos de los mártires de la conquista española, en este país, reclaman reparaciones y disculpas por hechos acontecidos hace 500 años. La condición de víctima es atemporal y, sobre todo, casi tan avasalladora como la del verdugo original.

De esa suprema ofensa preliminar surge, entonces, el impulso de obtener el correspondiente resarcimiento en los diferentes apartados de la estructura social: el nacionalista busca la instauración de una patria pura e incontaminada, el revolucionario aspira a la supremacía de las clases antiguamente oprimidas y, finalmente, los caudillos populistas —subespecie rentista de la insatisfacción y del resentimiento ciudadano— emprenden una estrategia de acoso y derribo de las instituciones existentes para establecer, sin que sus seguidores se enteren siquiera, un modelo que termina por servir exclusivamente el ejercicio de sus muy personalísimos poderes.

Todo esto, a partir de la airada enunciación de un principio rector: no hay justicia. La mera formulación de este diagnóstico lleva a sus promotores a la inmediata implementación de estrategias y acciones que desconocen, por principio, la legalidad vigente. O sea, que los reglamentos, los códigos y las ordenanzas que figuran en las Constituciones pueden ser descartados en nombre de un presunto interés superior que no sería otro que… ¡la justicia!

Esa tal equidad sería reclamada, encima, por un pueblo cuyos intereses estarían directísimamente representados por el salvador de turno, a saber, el demagogo autoerigido en emisario plenipotenciario de las máximas causas populares que, una vez en el poder, se permite desconocer preceptos, normas, reglamentaciones y mandamientos legales aduciendo, miren ustedes, que no son justos y que la justicia, por lo tanto, está por encima de la legalidad.

El primer impulso detrás del cuestionamiento de las normas sería que no son equitativas y, no sólo eso, que fueron establecidas por el poder económico o por sus cómplices en el poder político. Y, todo ello, con el avieso propósito de explotar a los individuos más desfavorecidos, de abrir la puerta a los aviesos inversores del exterior, de servir la abominable cruzada del neoliberalismo o de perpetuar un modelo de exacción de los individuos más débiles de nuestra sociedad.

La posible dicotomía entre justicia y legalidad resultaría, entonces, de un primer cuestionamiento de las cosas como están: nuestras leyes y nuestros reglamentos no valen en tanto que resultan de aquel sistema; se derivan de la intención —vaga o declaradamente maligna— de instaurar un modelo fundamentalmente injusto, una receta dirigida al empobrecimiento de las masas y al correspondiente enriquecimiento de los “ricos y poderosos”. En esta ofensiva figuran la reforma energética de Enrique Peña y otras fórmulas, certificadas en su momento en nuestra Carta Magna, como la transformación del sistema educativo.

Es la hora de hacer justicia, sí señor. Por encima de la legalidad de “los otros”.

revueltas@mac.com

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