Durante su campaña a la Presidencia de la república, el tema del combate a la corrupción fue su propuesta constante que se complementaba con su lema “Por el bien de México, primero lo pobres”, sintetizando así un doble propósito:
Acabar con la pobreza y reducir la desigualdad.
Estos objetivos son loables, atendibles. Tales propósitos deberían ser la guía para el diseño de las políticas públicas del país y superar así lo que son los retos fundamentales de nuestro desarrollo: Reducir desigualdades, erradicar la pobreza y la corrupción.
Sin embargo, su actuar de 18 meses genera dudas, más bien deja la certeza, de que ni pretende acabar con la corrupción, ni acabar la pobreza, menos reducir las desigualdades.
Veamos, ¿qué ha hecho por combatir la desigualdad? La primera duda surge por su falta de entendimiento de que no todas las desigualdades son condenables.
Cuando alguien, como Steve Jobs, Bill Gates y muchos como ellos, por su talento y esfuerzo, logran crear una solución a alguna necesidad de la sociedad y el mercado acepta esa solución, y a ellos les va bien y sus ingresos crecen más que los del resto, qué bueno, ojalá hubiese muchos como ellos, creadores, innovadores, emprendedores, pues contribuyen a generar desarrollo y bienestar para todos.
¿El actual gobierno ha hecho algo por alentar a los innovadores, emprendedores, creadores? Definitivamente no. Ha cancelado programas de apoyo a emprendedores, castigado becas y apoyos a los investigadores, menospreciado el talento y esfuerzo de quien hace estudios superiores, postgrados y especialidades, cuestiona la utilidad de los profesionistas, “…todo es fácil, cualquiera puede construir una vivienda, una escuela”.
Por otra parte, cuando alguien se hace rico por ser el amigo o compadre de algún funcionario público, por corrupción o robo, por gozar de poder monopólico para imponer precios por encima de un precio competitivo, eso no es bueno para la sociedad.
Ese tipo de desigualdad hay que combatirla, erradicarla, ese tipo de privilegios deben ser abolidos, pues no contribuyen al desarrollo ni al bienestar de la población.
¿El actual gobierno ha hecho por erradicar estas conductas? Realmente no:
Las compras y obras del gobierno se hacen mayoritariamente por asignación directa y gran opacidad, y aun cuando se licita, hay denuncias de favoritismos no aclarados.
Tampoco se ha fortalecido el organismo responsable de combatir monopolios, al contrario, se le han recortado recursos, se cuestiona su actuar y salarios, cuando lo que se requiere es que este órgano regulador cuente con recursos suficientes para hacer las investigaciones de cada caso y ser capaz de atraer talento humano, de igual o mejor nivel que el que tienen quienes defienden los intereses y privilegios de las empresas.
Obligar a que todos los funcionarios ganen menos que el presidente y a no trabajar en áreas relacionadas con la materia que regularon por 10 años después de dejar el trabajo en el órgano regulador, se ha traducido en una pérdida de talento de inconmensurables proporciones y consecuencias, el deterioro de la capacidad de la CNBV es buen ejemplo de ello.
Tampoco se ha hecho nada relevante en materia de corrupción. No se han fortalecido los órganos responsables de fiscalización, ni los internos de la administración pública, ni los del sistema nacional anticorrupción, que es un esquema con potencial de contribuir a abatir la corrupción, pero cuya construcción se ha detenido.
Usar la UIF, principalmente, para perseguir y amenazar públicamente a adversarios políticos, pone en riesgo que los presuntos involucrados en actividades ilícitas, si realmente fuesen responsables, queden impunes por violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, y más grave aún, acusar sin probar, sin denunciar ante las instancias legales, como lo hace constantemente el presidente y muchos funcionarios.
No solo atenta contra el derecho a la presunción de inocencia y a una defensa adecuada, si no que abona a la impunidad, problema que está en la raíz de la corrupción, así como de la inseguridad.
Crecer para generar empleos, al ritmo que lo demanda la dinámica demográfica del país, es condición necesaria para reducir la pobreza y las desigualdades, pero no basta, se requiere alienar los demás instrumentos de política económica y social a esos propósitos.
Se requiere una política social que tienda a la universalización de una red de protección social, que incluya al menos ingreso, salud y educación, complementadas con acciones, focalizadas y transparentes, para fortalecer las capacidades de los grupos más vulnerables para que puedan escapar de sus condiciones de pobreza.
Y se requiere una reforma fiscal, que a la par que elimina la discrecionalidad y opacidad del gasto público, de su presupuestación, ejercicio y evaluación, dote a los tres órdenes de gobierno de los recursos necesarios para financiar la política social ya mencionada y los gastos públicos necesarios para crecer a ritmos más dinámicos, acordes a nuestras necesidades.
La 4T no camina en esa dirección, al contrario, está haciendo todo para no crecer, y lo está logrando.
Por ese camino no alcanzará lo que dice buscar: Eliminar pobreza, reducir desigualdades. Su logro será más pobreza, más desigualdad y más inseguridad.
Presidente: Sus objetivos públicos de campaña le dieron el triunfo, ya es presidente, ya tiene el poder para gobernar la República, ahora díganos, ¿para qué realmente quiere ese poder?
Porque definitivamente no es para reducir la pobreza, ni las desigualdades, ni la corrupción ni la inseguridad, ¿para qué lo quiere?
*Ex Gobernador Coahuila
