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Miércoles , 24.04.2019 / 19:50 Hoy

Perdón, pero...

Moral y Constitución

Roberto Blancarte

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Como lo muestra el caso de Tlahuelilpan, reproducido en muchas comunidades, México tiene un problema serio en cuanto a comportamiento ético o moral del pueblo. Muchos están acostumbrados a robar y les parece normal. La corrupción está enraizada en prácticas que se han normalizado y se justifican de diversas maneras. Es claro que el mensaje de las Iglesias y religiones tradicionales se ha desgastado y es incapaz de construir una ética de salvación que se refleje en los comportamientos cotidianos de la gente. Por razones complejas, las religiones tradicionales ya no logran que los fieles sigan los dictados morales que eran también, en la antigüedad, normas sociales de comportamiento: no robar, no matar, no codiciar la mujer del prójimo eran reglas mínimas para una convivencia pacífica.

Dicho esto, entiendo muy bien la intención de López Obrador de “moralizar” la vida pública, pues es evidente que cada vez más lo que impera es la ley de la selva y una violencia social generalizada. Considero incluso que en todos los niveles sociales de la población se ha perdido el respeto a los derechos de los demás, lo que se refleja en violencia cotidiana y hasta en la falta de urbanidad; desde los que se estacionan en doble fila sin importarles la generación de embotellamientos, hasta los que se sienten con derecho a robar o a matar. El punto es cómo resolver esto y reconstruir lazos sociales con individuos, más que temerosos de la ley, conscientes de la necesidad de respetarla.

Es precisamente en la solución a este problema donde no coincido con López Obrador. Él cree que parte de su papel como Presidente de la República es moralizar a través de mensajes religiosos, sustituyendo así a los líderes de la Iglesias y agrupaciones religiosas.

Yo creo que las leyes y nuestra Constitución prohíben hacer eso, por la necesidad de distinguir los asuntos eclesiales de los del Estado, así como las convicciones religiosas de los funcionarios respecto a las políticas públicas. Un ejemplo de este equívoco es la reedición y publicación, por el actual gobierno, de la por lo demás excelente Cartilla moral de Alfonso Reyes. Independientemente de sus fuentes e inspiración, de lo que hablaré en otra ocasión, lo cierto es que a la introducción que se le hizo, le agregaron innecesariamente una serie de referencias religiosas, en una clara violación a la Constitución. Se afirma allí que la corrupción es “por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales” y que “para alcanzar la felicidad se requiere el bienestar material y el bienestar del alma”. Pero el artículo 3 de la Constitución afirma que “la educación que imparta el Estado… será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”. Más claro no puede ser. El Estado no debe promover una educación que moralice a través de preceptos religiosos. No está allí para sustituir la labor de las Iglesias. Por eso, toda la idea de una constitución moral es un gran error, que comienza con quererla llamar así. Nuestra Constitución es una y hay que aplicarla. Punto. Lo otro son llamados a misa, que ya nadie escucha.

roberto.blancarte@milenio.com

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